Mayuli Martínez Simón, senadora por Quintana Roo, logró una suspensión provisional contra los efectos de la reforma judicial, tras la admisión de una demanda de amparo en un juzgado federal de Yucatán.

Este viernes, el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Mérida, otorgó la suspensión contra la denominada reforma judicial para que no se implementen los actos que establece la modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el Congreso de la Unión en septiembre pasado.

Mayuli Martínez, integrante del grupo opositor a Morena, es la primera legisladora de Quintana Roo que promueve una acción legal contra la reforma judicial. También votó contra estas modificaciones.

De acuerdo con el expediente 1505/2024 de amparo indirecto que resuelve el Juzgado Segundo de Distrito, ubicado en el estado vecino, se decretó la suspensión provisional para que las autoridades encargadas de ejecutar las reformas constitucionales se abstengan.

“Las autoridades señaladas como responsables ejecutoras no deberán aplicar el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, en vigor a partir del día siguiente”, se lee en el acuerdo dictado el viernes.

La senadora promovió la demanda de amparo desde el pasado 14 de octubre, pero el juzgado federal no lo admitió porque no fueron entregadas las copias suficientes de los documentos que solicita la ley en la materia. Tras subsanarse estas omisiones, el jueves admitió el recurso legal y, finalmente, este viernes se anunció que se le otorgó la suspensión provisional a la legisladora. La audiencia incidental del juicio de garantías está programada para el 11 de noviembre. Con la celebración de este acto se podrá saber si a la quejosa le otorgan la suspensión definitiva.

No obstante, las autoridades señaladas como ejecutoras de la reforma constitucional se han negado a acatar cualquier suspensión de amparo promovida principalmente por jueces y magistrados federales. Quintana Roo no es ajeno a la controversia nacional, porque aquí también se han iniciado demandas de este tipo.