‘Cabo Mantarraya’ viola decreto de protección en Cozumel: ambientalista
El ayuntamiento está obligado a velar por los ecosistemas, dice Guadalupe Álvarez.
El ayuntamiento está obligado a velar por la conservación de los recursos naturales y los ecosistemas de Cozumel y tiene la facultad negar los permisos de construcción a proyectos que los dañen irremediablemente.
La ambientalista Guadalupe Álvarez Chulim no quita el dedo del renglón y pide a la comunidad se una para detener la construcción del complejo turístico Cabo Mantarraya, en la zona occidente de la isla.
Su principal argumento es la publicación el 11 de junio de 1980 en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se declara zona de refugio para la protección de la flora y fauna marinas de la costa occidental de la ínsula, que abarca desde el muelle de pasajeros San Miguel y termina en el vértice sur denominado Punta Celarain.
Para poder construir ese enorme proyecto turístico que se “comerá” el último espacio público de playa en esa zona, es necesario que este decreto sea derogado, puntualizó.
Como se dio a conocer de manera oportuna en este medio de comunicación, el megaproyecto “Cabo Mantarraya” lo promueve la empresa Total Gusto del Caribe S. de R.L. de C.V., que administra y opera el club de playa denominado Stingray Beach, que ya posee una parte de ese polígono en concesión para un acuario de mantarrayas y tiburones gato.
De acuerdo con la solicitud 23QR2023T0088 ingresada el 14 de diciembre de 2023 en la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental (Dgira) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se pretende construir un club de playa con estructuras en zona marina sobre pilotes de concreto, albercas, zona comercial y servicios, todo esto a altura del kilómetro 2.9 en el sur del malecón.
Guadalupe Álvarez recordó que en período del presidente José López Portillo, se decretó luego de un estudio biológico en la costa occidental de Cozumel era afectada por actividad de pesca comercial y deportivo-submarina.
“Existe un decreto que protege la zona que pretende robar a los cozumeleños”, puntualizó la ambientalista.