Durante años, varias décadas, el sector hotelero de Quintana Roo gozó de privilegios ante gobiernos permisivos, incluso hasta sumisos a sus caprichos, y actuaron ipso facto ante cualquier queja de los máximos inversionistas y máximos explotadores del estado. Pero eso se acabó y ahora es momento de privilegiar a la gente, a la sociedad abandonada, aventada casi al garete durante ese tiempo.

Es por eso que, acorde al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por el gobierno de Mara Lezama, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, marca las directrices de la atención y gastos de la actual administración.

Sin importar que los hoteleros exigían que el presupuesto por Derecho de Saneamiento Ambiental fuera dirigido a satisfacer sus necesidades, evitar realizar gastos y que el municipio cargue costos como la limpieza íntegra de las playas, el gobierno de Benito Juárez dijo: “¡Nel! Esos recursos serán destinados a mejorar la calidad de vida de las familias, al emplearse en rubros prioritarios como seguridad pública e infraestructura”.

La gobernadora ha sido muy clara: “Ya es tiempo de que el éxito turístico del estado timbre en los bolsillos del trabajador, de su familia, y se genere bienestar de manera más equitativa” (palabras más, palabras menos).

Y es así que la alcaldesa benitojuarense cambia las reglas del juego. Ya no es toda la tajada para los empresarios, sino que ahora “el destino final y etiquetado de esos recursos serán para invertir en la ciudad, en equipamiento, proyectos, en beneficios para todas y todos los cancunenses, ya que eso es lo que se genera del gran éxito que tiene nuestra ciudad”, expresó.

Cierto es que esas grandes empresas son parte fundamental del crecimiento, de la operatividad de esta ciudad, y así serán tratadas. También recibirán su tajada, no todo el pastel –como era antes- pues también es cierto que estos inversionistas le deben seguir metiendo recursos a su negocio para que éste siga siendo rentable.

Por ello, Ana Patricia Peralta detalló ante el Cabildo que el 30 por ciento del citado programa será para playas y medio ambiente, en el cual podrán desarrollarse programas de forma enunciativa, más no limitativa, tales como: recuperación de playas, contención de sargazo, limpieza de playas, infraestructura turística, saneamiento del sistema lagunares, recolección y traslado y disposición de residuos sólidos.

El 16 por ciento se aplicará en programas enfocados en materia de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos en la parte de fortalecimiento del Cuerpo Heroico, Protección Civil, mejoramiento de las condiciones laborales, equipamiento, capacitación y prevención del delito; mientras que el 4 por ciento será para el Fideicomiso al Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, que es el apoyo adicional al retiro de los policías.

El restante, que es 50 por ciento, será para programas de obra pública, infraestructura urbana, señalética, semaforización, fomento al deporte, proyectos destinados al desarrollo integral de la familia, así como cualquier otra estrategia autorizada por el Comité Técnico del Fideicomiso de Administración y Pago de los Recursos Públicos que se generen por concepto de Derecho de Saneamiento Ambiental.

Hoy la decisión es diferente, y así lo deben aceptar los privilegiados. Es momento de mirar a la sociedad, a la gente que padece rezagos de años, pobreza, una población que reclama justicia, seguridad, y su atención, hay que subrayar, repercute en beneficio de todos.