Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL.- Seis municipios de Quintana Roo pretenden cobrar, este año, 119.27 millones de pesos a 327 mil 155 familias a través del Derecho de Alumbrado Público (DAP), el cual es inconstitucional, según la sentencia de un juzgado federal.

Se trata de Solidaridad, con 44 millones 470 mil 978 pesos; Othón P. Blanco, con 36 millones 291 mil 032 pesos; Cozumel, con 20 millones 134 mil 350 pesos; Puerto Morelos, con 14 millones 691 mil 751 pesos; Bacalar, con dos millones 027 mil 290 pesos; y Tulum, con un millón 657 mil 739 pesos.  

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El sustento legal para esos cobros se encuentra en la Ley de Hacienda de los Municipios de Quintana Roo, que establece como base para el cálculo, el 5% del consumo de energía eléctrica de un hogar.

En septiembre pasado, el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Cancún, resolvió el amparo 498/2018, promovido por la empresa Hotelera Playamar S. A. de C. V., en contra del Ayuntamiento de Cozumel por el cobro de ese derecho.

El juzgado federal resolvió otorgar el amparo a la persona moral, tras considerar que los 116 y 117 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, sustento legal, invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación.

En ese caso, la justicia federal ordenó regresar a la empresa el dinero que se le cobró “de forma inconstitucional”.

“Pese a que los artículos 116 y 117 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, denominan a la contribución de mérito como ‘derecho’, materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, tributo que es competencia exclusiva de la Federación”, consideró el juzgado.

El Derecho de Alumbrado Público (DAP) también está considerado en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, con 120 millones 198 mil 543 pesos y cinco millones 940 mil 443 pesos, respectivamente.

Sin embargo, en ambos casos, sus respectivas leyes de Hacienda Municipal establecen como base una tarifa mensual, que resulta de dividir el total de gastos que implica el servicio de alumbrado público entre el número de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El dinero es cobrado directamente por la CFE, la cual transfiere el dinero a las cuentas bancarias de cada ayuntamiento.