Javier Ortiz/SIPSE
BACALAR, Q. Roo.- El museo denominado del Pirata que alberga el Fuerte de Bacalar, será rehabilitado totalmente el próximo año, con una inversión de 12 millones de pesos que se prevé para otros espacios similares en la entidad.

Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo del estado de Quintana Roo, afirmó que el próximo año iniciará el mejoramiento y reacondicionamiento del espacio que comprende el museo del Fuerte de Bacalar, para hacerlo más atractivo y funcional para los turistas que acuden a admirar las reliquias que conserva.

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Dijo que se encuentra dentro de los proyectos a realizar el próximo año, en el Pueblo Mágico de Bacalar, junto con otras obras de imagen urbana como vialidades, que también está encaminada a brindar una mejor presentación a los miles de turistas que llegan al destino cada año.

Indicó que los nueve millones de pesos que se tenía destinado este año para la señalética del camino que conducirá a las ruinas de Ichkabal, serán replanteados para el próximo año, porque no se pierden, aseguró.

Subrayó que todavía existe la posibilidad de que este año se abra al público la zona arqueológica, pero todo dependerá de los trabajos de descubrimiento que vienen realizando los arqueólogos del INAH. Aunque dijo que en caso contrario, no se pierden esos recursos, sólo se tendría que replantear.

Nicanor Piña Ugalde, presidente del comité Bacalar Pueblo Mágico, consideró que se ha avanzado mucho en materia de infraestructura turística en la cabecera municipal, a partir que recibió esta distinción, aunque consideró que hace falta mejorar algunos aspectos.

Se refirió al problema que enfrentan constantemente los turistas con el mal funcionamiento y desperfectos que sufren constantemente los tres cajeros automáticos y un pequeño módulo que se encuentra limitado a realizar transacciones bancarias.

Consideró que es momento que Bacalar cuente con una sucursal de banco en forma con todas las funciones propias, debido al crecimiento empresarial que ha venido registrando el destino, aumento de burócratas, maestros y ciudadanía en general, principalmente de las comunidades que ocupan los cajeros para retirar sus apoyos de programas productivos, por lo que pidió la intervención del gobierno estatal en la gestión.