Un grupo de relatores del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos envió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador una carta donde exponen preocupaciones y riesgos para la población, el medio ambiente y el territorio por los procesos mediante los cuales se desarrolla el proyecto Tren Maya en el sureste de México.

En la misiva se presentan distintos puntos que a juicio de los relatores podrían vulnerar los derechos de grupos de personas, principalmente de las comunidades indígenas; relacionadas con impactos socio-ambientales, acceso a la justicia, militarización, derechos territoriales y sobre la consulta pública.

Está firmada por David R. Boyd, relator especial en temas relacionados con el derecho al medio ambiente; Cecilia Jimenez-Damary, relatora especial en derechos de los desplazados internos; Clement Nyaletsossi Voule, relatora sobre libertad; Balakrishnan Rajagopal, especial de derecho a una vivienda digna; Mary Lawlor, relatora sobre la situación de defensores de derechos humanos y José Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.

“Queremos señalar a la atención urgente del Gobierno de su Excelencia la información que hemos recibido sobre los posibles impactos del llamado Proyecto de Desarrollo Tren Maya para las comunidades indígenas que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, en su derecho a no ser desalojados y en su derecho a la salud, entre otros, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, dice la carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador.

Consulta pública por el Tren Maya fue impuesta a los pueblos indígenas aunque ya se había tomada la decisión

Según los relatores, el proceso de consulta pública Indígena fue impuesto para legitimar el proyecto, siendo que la decisión estaba ya tomada al margen del consentimiento de las comunidades.

“Las asambleas se habrían centrado en los beneficios que el proyecto traería a la población de la región sureste, una población que sufre históricamente por graves carencias en el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales”, contó el personal de ONU-DH.

En el documento también exponen que, según la información recibida por académicos e investigadores, el  procedimiento llevado a cabo para la identificación, caracterización y evaluación de los impactos ambientales fue inadecuado.

Otra de las preocupaciones externadas es la modificación del régimen de tenencia y propiedad de la tierra con la llegada del Tren Maya, que pudiera perjudicar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales.

Sobre los desalojos, se expone que no todas las personas están conformes con ser reubicados. Por otra parte, los relatores plantean la inquietud de la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción de los tramos 6 y 7, pues se trata de obras que no son de emergencia.