16 de Noviembre de 2018

Chetumal

Juez niega suspensión a Gina Patricia Ortiz

No procede la suspensión definitiva contra vinculación a proceso por delito de peculado.

La ex servidora pública mantiene otro juicio de amparo. (Foto: SIPSE)
La ex servidora pública mantiene otro juicio de amparo. (Foto: SIPSE)
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Benjamín Pat/ SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.-El Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chetumal, negó la suspensión definitiva solicitada por Gina Patricia Ortiz Blanco, ex titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado, dentro del juicio de amparo 433/2018.

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El recurso legal fue promovido el mes pasado, días después de que el Juez de Control de Chetumal dictó la vinculación a proceso contra la mencionada ex funcionaria estatal dentro de la carpeta administrativa 158/2018 iniciada por el delito de peculado.

La funcionaria pretende, mediante el amparo, revertir la determinación del juez, que de manera automática dejaría sin efectos la serie de medidas cautelares dictadas en su contra.

La audiencia constitucional, donde se determinará si la Justicia de la Unión ampara y protege o no a la ex funcionaria, será el próximo 26 de junio.

Derivada de la vinculación a proceso, Ortiz Blanco debe acudir a firmar de manera periódica cada 15 días, tiene prohibido abandonar el estado, y dejó una garantía económica de 200 mil pesos.

Además, se estableció el embargo de 11 bienes inmuebles, ubicados en las ciudades de Cozumel, Chetumal y Playa del Carmen.

La ex funcionaria es señalada por el delito de peculado en agravio del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), por la presunta venta irregular de alrededor de 11 predios.

Según las investigaciones de las autoridades, el daño patrimonial por las ventas irregulares superaron los 53.5 millones de pesos, durante administraciones pasadas.

La ex servidora pública mantiene otro juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito identificado con el expediente 372/2018 en contra de la orden de aprehensión emitida, en su momento, en su contra.

Ese amparo, le permitió evitar alguna medida cautelar que afecte su libertad personal, al obtener una suspensión definitiva, para lo cual tuvo que dejar un depósito en garantía por 1.5 millones de pesos.

 

 

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