CANCÚN, Q. Roo.- Seis menores de edad interpusieron una demanda de amparo contra las obras del hotel Riviera Cancún, del grupo RIU, que se ejecutan en las inmediaciones de Punta Nizuc.

Representados por Paulina Calmo y Gerardo Solís Barreto, el recurso legal fue presentado ante el juzgado octavo de distrito con sede en Cancún, bajo el alegato de que la edificación violenta su derecho a un medio ambiente sano.

En el documento se solicita a la autoridad judicial la suspensión definitiva de las obras y la reparación integral de los daños.

Este instrumento jurídico fue aplicado en el caso Tajamar, aunque finalmente los 113 menores se desistieron luego de que el séptimo juzgado de Distrito les solicitara 20 millones de pesos como fianza.

“Venimos a solicitar el auxilio de la Justicia Federal para evitar un ecocidio de afectaciones generales en nuestra comunidad, ya que se violentan los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Los menores demandantes sostienen que se construyen los 531 cuartos del hotel Riviera Cancún, la duna costera presentará afectación, además de las implicaciones por el aumento de la demanda de servicios públicos derivado de la sobredensificación, aumentando así la generación de residuos sólidos, de extracción de agua para uso general y aguas residuales en el sistema de drenaje.

Los niños afirman que la construcción del hotel Riviera Cancún atenta contra sus derechos ambientales

Entre los actos reclamados se encuentra la “inconstitucionalidad” en la elaboración, autorización y publicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez 2018-2030, por presunta la violación de los principios del derecho del medio ambiente sano y de seguridad jurídica.

Se reclama también la expedición de licencia de construcción 76231, con folio 4306/19 a Grupo RIU, por tratarse de “un proyecto de construcción en una zona pública, en la costa cancunense”; la licencia de permiso de chapeo y desmonte y  los permisos para el manejo de aguas y alcantarillado.

Del mismo modo, se señala como un acto indebido la resolución S.G.P.A./DGIRA/DG/08730 de autorización en materia de impacto ambiental y, en general, a todas las autoridades que tuvieron “omisión de inspeccionar, verificar y sancionar el cumplimiento de las normativas administrativas aplicables”.