Este domingo Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales aceptó la tardanza de la PGR en informar detalles de lo ocurrido el 21 de febrero con la explosión de un ferry de Barcos del Caribe, al indicar que primero debían concluirse los peritajes, realizados conforme a protocolos internacionales.

Y mientras que la PGR justifica la tardanza del esclarecimiento de esos hechos, continúan las especulaciones, los miedos y las graves afectaciones a los destinos turísticos de Quintana Roo, en especial de Playa del Carmen y Cozumel.

Han transcurrido ya 18 días de aquel suceso que arrojó un saldo de 24 heridos y ni la PGR ni la Marina ni la Sedena, ni siquiera con el apoyo que tienen de las distintas autoridades, incluido el Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, ambas de Estados Unidos (respectivamente, FBI y ATF, por sus siglas en inglés, han logrado aclarar lo que ahí ocurrió.

De la celeridad con que hagan su trabajo y den al conocer el resultado de las investigaciones dependen miles de familias de estos destinos turísticos, hoy bajo la lupa del mundo, ya que se trata de destinos turísticos de prestigio mundial, pues son muchos los prestadores de servicios que se han visto severamente afectados por la caída de paseantes, producto de la misma incertidumbre.

Hoy el funcionario quizá dio un dato que puede ayudar a que los turistas tengan nuevamente confianza en la seguridad de Cozumel y de Playa Carmen, pues descartó de manera tajante la posibilidad de un acto terrorista o de la delincuencia organizada.

De esta manera cobra más fuerza la versión de un autoatentado, ya sea de la empresa Barcos del Caribe o de sus propietarios, es decir, de la familia del ex gobernador Roberto Borge, cuyo padre –cabe recordar- iba a bordo de esa embarcación cuando atracó en Playa del Carmen.

De hecho ya hay columnistas nacionales que se atreven a señalar que el también hermano del ex gobernador Miguel Borge, fue captado por cámaras cuando abordó el ferry portando una mochila, siendo que al bajar de la embarcación ya no la tenía consigo. Sin embargo, lo mejor será esperar la versión oficial de las autoridades.

Lo cierto es que las autoridades deben agilizar las investigaciones, dados los daños colaterales que ha generado esa explosión a la actividad turística de Quintana Roo, cuya imagen ante el mundo está pendiente de un hilo, y no sólo por este caso, sino también por tanto homicidio, por la desaparición de tres colombianos (uno de ellos arteramente ejecutado) y por la imperdonable impunidad que persiste en este estado.

Sólo esperamos que los tiempos políticos no representen un obstáculo para dilucidar este caso y menos aún que se culpe a chivos expiatorios.