Superada la barrera de las 100 ejecuciones en el norte turístico de la entidad en lo que va de 2017, el Secretario de Seguridad Pública estatal, Rodolfo del Ángel Campos, salió al paso con declaraciones optimistas sobre la inminente entrada en funcionamiento de un moderno centro de comando que aún está en vías de construcción y un novedoso sistema de seguridad digital.

Con el agua hasta el cuello por la falta de resultados en el combate a la delincuencia organizada, que se sigue empoderando en la entidad dejando una estela de sangre, muerte y miedo, el funcionario soltó nuevas promesas para liberar un poco de la presión pública, asegurando que en cuestión de meses empezará a operar la nueva estrategia que según él costará más de 400 millones de pesos.

Pero el titular de Seguridad Pública se quedó corto, ya que la estimación inicial para el proyecto de construcción del Centro de Comando (C5) y de la red de cámaras de última generación para todo el estado fue de al menos dos mil millones de pesos, cifra revelada en su momento por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Del Ángel Campos presumió que se instalarán tres anillos de seguridad con esta tecnología, el primero en las entradas de Chetumal y Cancún; el segundo en las entradas y salidas de cada municipio, y el tercero en las avenidas principales de las ciudades del estado.

Y aunque suena prometedor, los antecedentes recientes no son nada alentadores, ya que no es la primera vez que se anuncia con fanfarrias el uso de tecnología para combatir al crimen sin ningún resultado.

Desde 2006 a 2016, durante los gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, fueron instaladas cientos de cámaras de vigilancia en carreteras y ciudades del estado con el mismo fin, sin que el derroche de recursos públicos se reflejara en mayor seguridad.

En 2015, el ex titular de Seguridad Pública del municipio cancunense, Jaime Ongay, aseguró que en ese polo turístico contaban con 350 cámaras de monitoreo urbano funcionales, mientras que en Playa del Carmen ese mismo año se anunció la instalación de 26 cámaras del sistema de monitoreo urbano y otras tantas en 2016.

Nada de eso sirvió para contener el crecimiento de la delincuencia, por el contrario, hay evidencia de que esos equipos de alta tecnología fueron utilizados por el crimen organizado para sus sangrientos propósitos.

La nueva y carísima apuesta del gobierno joaquinista y su jefe policíaco es muy riesgosa, porque no hay garantía de que esos dos mil millones se traduzcan en mayor seguridad.