Acaba de aprobar el Legislativo una nueva ley, de justicia cívica e itinerante, que aplicará para todo el país y cuya ejecución queda a cargo, principalmente, de las autoridades municipales.

La norma define la justicia cívica como “el conjunto de acciones realizadas por las autoridades, a fin de preservar la cultura cívica y resolver conflictos individuales, vecinales o comunales” y prevé la “justicia itinerante” como el conjunto de acciones a cargo de los tres órdenes de gobierno para “acercar trámites y servicios a poblaciones alejadas, de difícil acceso y zonas marginadas”.

Esta ley se deriva de un diagnóstico de 2015, “Diálogos por la Justicia cotidiana”, liderado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y, aunque es general, su aplicación está ligada a la capacidad presupuestal de los municipios y a la capacitación, particularmente, de los cuerpos policiacos, que son quienes suelen tener el primer contacto con los ciudadanos cuando ocurren posibles faltas o delitos.

Algunos estados tienen actualmente leyes similares, pero la Ciudad de México fue pionera, aunque no exenta de contrariedades, ya que en un inicio se cuestionó la falta de protección a las personas en situación de calle, particularmente los niños. En Oaxaca no se aprobó una ley local de esta naturaleza a causa de protestas de organizaciones civiles que la llamaron “represora” de libertad de manifestación en las calles.

El procedimiento que prevé esta nueva ley es “oral y público” (similar al penal) para casos de “alteración del orden público o (donde) se ponga en riesgo la seguridad ciudadana”. Se hace énfasis en el uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), es decir, arreglos voluntarios entre las partes, con apoyo de facilitadores.

La ley deja a cargo de las entidades federativas determinar “los actos u omisiones considerados riesgos a la seguridad ciudadana por implicar violencia, el uso indebido de vías y espacios públicos, o bien, un daño potencial a las personas y sus bienes”. Llama la atención el “registro de infractores” que debe conformar cada entidad.

El Gobierno Federal también ha impulsado un “Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los municipios de México” para “contar con lineamientos mínimos para la impartición de la Justicia Cívica en los municipios”.

Las características de este modelo, además del papel central del juez cívico y la búsqueda de arreglos vía MASC, incluyen establecer “medidas” para mejorar la convivencia cotidiana como un nuevo tipo de trabajo a favor de la comunidad.