Algo que ha destacado mucho en todo México, es un tema polémico que se basa en una de las tareas de la seguridad pública, que es la Ley de Seguridad Interior.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos.

La Ley de Seguridad Interior busca regularizar las actuaciones indebidas e ilegales e inconstitucionales de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

En el Artículo 129 CPEUM menciona que, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Es decir, solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

Pues bien, su relación es estrecha ya que esta legislación de Seguridad Interior les da atribuciones a las fuerzas armadas de hacer patrullajes, detener personas, poner a disposición de la autoridad al presunto responsable, poder hacer investigación de inteligencia, intervenir en teléfonos, y todas aquellas atribuciones de las cosas que le corresponden a las instituciones civiles.

Pero tenemos que en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se busca salvaguardar los derechos de las personas, pues en esta legislación hay ventajas y desventajas como todo. Si alguna persona es detenida por las autoridades militares, automáticamente es como si hubiera sido en flagrancia, esta será entregada a una autoridad con un documento donde se describe el lugar del hecho y los indicios que fueron encontrados, pero ¿quién garantiza que así sucedió? Esto se iría a un caso penal y ocasiona problemas de defensa jurídica para las personas.

Esta Ley podría desatender el fortalecimiento de las instituciones civiles para privilegiar la estrategia militar. La cuestión es de la máxima relevancia porque el proyecto de ley no especifica en sí cuáles son las acciones concretas que podrían realizarse al amparo de esa declaratoria, y eso generaría un nuevo tipo de inseguridades e incertidumbres. 

Desde otra perspectiva para como están las cosas en México, es necesario poner más seguridad, y la actuación de los militares esta bien, sin embargo, es necesario plantearlo de una mejor manera y no dejar espacio para lagunas de la Ley, porque sabemos que esta debe ser precisa.