La “rebelión” que 12 gobernadores de México –un tercio del total- iniciaron la semana anterior en contra de la estrategia de seguridad que comienza a dibujar lo que será la administración de Andrés Manuel López Obrador, dista mucho de ser un movimiento meramente político, por el contrario, por primera vez mandatarios de la entidades han pedido expresamente que el tema sea tratado al margen de los vaivenes de la desprestigiada política nacional.

Los mandatarios en rebeldía fueron bastante específicos en su queja al futuro presidente, pues señalaron que la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se coloca a los llamados “súper delegados” que designó el presidente como representantes de su gobierno en las entidades, por encima de los gobernadores, al responsabilizarlos del esquema de seguridad y dejar a los mandatarios y titulares de las corporaciones de seguridad como “invitados” a las reuniones de coordinación. La queja tiene lógica, los delegados no son autoridades responsables por lo que ocurre en los estados ni encabezan los cuerpos policiales locales.

Incluso, en un ánimo voluntarioso, los gobernadores dijeron estar de acuerdo en que el Ejército continúe realizando tareas de seguridad, evitando así el debate sobre el diametral cambio en la postura de López Obrador, que en campaña dijo retiraría a las corporaciones castrenses de las calles y ahora no sólo las dejará, sino que serán parte fundamental de su guardia nacional.

Ahora bien, la reforma hecha por los diputados hace unas semanas resultó un “albazo”, pues anteriormente López Obrador habló de establecer un mando único policial, lo cual en entidades como Quintana Roo resultó alentador porque su mandatario, Carlos Joaquín González, ha iniciado esfuerzos para consolidar un esquema similar a nivel local y, en su momento, el presidente electo incluso reconoció el enfoque local; pero el sentido de la reforma aprobada por los legisladores cambia totalmente la perspectiva, pues si el tabasqueño aun pretende construir un mando único, su intención es hacerlo sin los mandatarios estatales.

La queja de los mandatarios representa la inconformidad de un tercio de las autoridades estatales del país, pero hasta hoy, cuando faltan cinco días para que López Obrador tome protesta, el presidente electo no ha respondido a las inquietudes; ahora bien, porqué llama la atención la queja, pues básicamente porque siete de los 12 firmantes de la carta son los fundadores de la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), aquellos que cinco días antes de las elecciones en las que ganó el tabasqueño se le sumaron, dejando las filas de su propio candidato Ricardo Anaya Cortés. Vaya manera de agradecer. Y todavía el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio amenaza con desaparición de poderes en las entidades, vaya despropósito.

Pero, ¿qué tendría que pasar? Básicamente si el presidente coincide con los excesos de sus diputados, deberá solicitarles den marcha atrás a las reformas aprobadas, pero ello deberá ocurrir justo estas semanas en las que iniciará la discusión sobre el paquete económico 2019 y en una coyuntura en que los legisladores se debaten si aprueban o no la reducción a gravámenes como el IVA y el ISR en la zona norte del país para permitir la zona libre prometida por López Obrador para aquella región nacional; luego entonces, “el engrudo ya se les hizo bolas.”

Por último, pareciera que la asunción al poder de López Obrador hubiera sido organizada por su oposición, pues no arrancará uno sólo de los proyectos prometidos, y ahora el tema de seguridad se suma a las inconformidades formales, porque 12 gobernadores en rebeldía no son cualquier cosa; así que, si se quiere realmente evitar que el tema se contamine de lo político deberá atenderse inmediatamente; si no, se corre el riesgo de que impacte en las elecciones que habrá en julio en cinco estados del país, y muy probablemente sea el primer saldo negativo para Morena, la decisión es de sus legisladores federales, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.