En los últimos años vimos el fracaso de las gubernaturas autoritarias y de las presidencias municipales que se aislaron sin colaborar con los otros niveles. Son ejemplos la administración de Roberto Borge y el miniperiodo de Perla Tun en Cozumel. Malos ejemplos, claro está.

La moraleja es que, sin visión ni voluntad, un gobierno, indistintamente de su origen partidista o de con quiénes se alíe, no avanzará como lo exige una ciudadanía cada vez más crítica, aunque también propositiva; sobre todo, porque le motivan con una democracia participativa que se reivindica ahora con foros, consultas y demás herramientas.

Lo constatamos en Quintana Roo con los grandes temas del debate público, como el arribo masivo del sargazo; la inseguridad; los preparativos del Tren Maya, o el nuevo impuesto para turistas, los cuales han obligado a buscar consensos en las materias más relevantes: turismo y seguridad.

En ese contexto de obvias negociaciones quien más ha participado es el gobernador Carlos Joaquín; primero, como artífice de la alternancia en 2016, y después, desde julio pasado, como garante del orden político-administrativo en las transiciones. Desde entonces ha habido una comprobada muestra de respeto a las diferencias para trabajar en equipo con otros gobiernos, cuyo fin es resolver problemas y ofrecer más oportunidades.

En las temáticas más sonadas de la actualidad el gobierno del estado ha sido el que articula los esfuerzos para no perder el rumbo, a sabiendas de que prevalece un proceso confuso en el ámbito federal que amerita acordar con más de uno. Es decir, con una administración saliente y otra que arranca.

Prueba de la colaboración es el mando único instalado en el Benito Juárez de Mara Lezama, el municipio con mayor incidencia que necesitaba mano firme debido a la descomposición de la Policía Municipal; una supuesta culpa del gobierno borgista, que habría debilitado a su corporación estatal para facilitar la aparente penetración del crimen, según denuncias.

Otra es la contención al sargazo en destinos como Puerto Morelos, donde el ayuntamiento de Laura Fernández finalmente encontró el apoyo del estado –no de la federación–. Lo mismo con el Tren Maya, al que se le ha ofrecido respaldo incondicional. El más reciente en Solidaridad, ante Laura Beristaín y compañía.

Debió empezar por casa. Esa forma bilateral de consensuar, y en ocasiones multilateral como se dijo antes, es acaso uno de los mayores aciertos, destacado incluso por los opositores al régimen. Sin duda, localmente son más los espacios para el diálogo que para las diferencias.