Siguen pendientes las modificaciones a ocho artículos de la Constitución que tienen gran impacto para los tres órdenes de gobierno, relativas a lo que se ha llamado “fuero”, pero que en realidad buscan eliminar la declaratoria de procedencia que actualmente debe emitir el Legislativo para que servidores públicos se sometan a la justicia ordinaria por acusaciones en su contra.

Este tema, en lo concerniente a su constitucionalidad en el caso de jueces y magistrados, será analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así que habrá que estar pendientes de su propuesta y resolución.

Por lo pronto, es importante señalar que la derogación del “fuero” no elimina los procesos penales o civiles ordinarios. Los imputados tendrían que ser llevados a un proceso en el que las procuradurías, como parte acusadora, juegan un papel clave en la buena conducción de las investigaciones, lo que es su deber.

Por eso es importante reflexionar en que si lo que se busca es un mecanismo eficaz de denuncia, investigación y castigo sin pasar por esa declaratoria de procedencia, como plantea la reforma ya aprobada por los diputados, habría que poner la atención en i) las actuaciones de las procuradurías, ¡¡) la actuación de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, iii) revisar los efectos de la reforma “anticorrupción” de 2015 y del propio Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de 2016, todo unido a la reforma en materia de transparencia de 2014, creadas precisamente para combatir la corrupción. Frente a esto, el tema del “fuero” es sólo una vertiente del problema.

El SNA creó cuatro nuevas leyes anticorrupción y reformó tres más; creó una Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción adscrita a la Oficina del Procurador General de la República, para investigar y perseguir los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia federal.

También se debieron crear sistemas locales anticorrupción en las entidades del país, con sus reformas legales y sus fiscales anticorrupción respectivos. Yucatán lo hizo, pero en el ámbito federal el Senado no ha podido arribar a la designación y aún hay una decena de estados pendientes.

La realidad es que la eliminación del fuero puede quedarse en iniciativa populista o bandera de campaña si no se apareja con el cumplimiento del deber de las instituciones y el ejercicio cotidiano de la trasparencia y la rendición  de cuentas, condiciones aún más importantes para evitar y prevenir la corrupción.