Lo más delgado del hilo

Imposible no referirse al “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”

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Imposible no referirse al “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024” presentado en días pasados por el presidente electo, dada la grave situación en la que se encuentran vastas regiones de nuestro país, sobre la que la sociedad ha llegado a altos niveles de tolerancia y frustración y diría que hasta resignación, en parte por la experiencia de la nula o poca investigación para que los hechos se castiguen, incluyendo abusos a derechos humanos de civiles inocentes, lo que en otro momento se llamó "daños colaterales". 

Por otro lado, están la suspicacia sobre la actuación de las fuerzas armadas y de las policías estatales y municipales, pero sobre todo el nulo resultado de las “estrategias” presentadas por Fox, Calderón y Peña e incluso el crecimiento, ante nuestros ojos, en esta última década, de la violencia, pese a cada nueva estrategia que se plantea. Y adicionalmente, los terribles casos de abuso de poder de estas fuerzas contra civiles, ciudadanos que quedan a merced de este “cheque en blanco” en que se ha convertido, en algunos casos, el uso del poder.

Basta revisar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), en las que el abuso del poder ha generado violaciones a derechos contra grupos tan vulnerables como los de las mujeres rurales indígenas. 

Por eso es que un nuevo plan de seguridad amerita no solo el análisis duro, sino la crítica. Bien justificado está poner la lupa sobre este planteamiento para un país que se encuentra en un verdadero estado de emergencia.  

Se lee, por ejemplo, esta justificación en el Plan: “Si el Ejército y la Marina han experimentado procesos de desgaste, ello se ha debido a órdenes del mando civil”. Y el diagnóstico de la policía federal, “agrupamiento con déficit de disciplina, capacitación y profesionalismo”.

De manera que la Guardia Nacional se presenta como el grupo de élite que vendría a poner orden en todo el país. Y esto incluye, ahora sí, atribuciones para investigar y presentar detenidos por parte de una corporación al mando de las fuerzas militares. Es decir, una policía militarizada con jerarquía y escalafón propio de las fuerzas armadas. 

Una de las preguntas obligadas en este punto es sobre la prevalencia del llamado “fuero militar”. Si bien actualmente los militares que cometan violaciones a derechos humanos pueden ser procesados por autoridad civil, México aún no extiende esta posibilidad a los mandos superiores. Además, ¿cómo podría realizarse una investigación sobre los abusos cuando es el mismo ente que investiga?

 

 

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