Gustavo Salas Salgado, quien ocupa de manera interina el cargo de Fiscal General de Quintana Roo, como suelen hacer los funcionarios dijo que solo le interesa cumplir la misión “temporal” que le fue asignada tras la renuncia de Miguel Ángel Pech Cen, pero ante la presión de los reporteros, a quienes convocó el jueves para un primer acercamiento, admitió que “si se lo piden” –léase: “si el gobernador Carlos Joaquín González se lo ordena”– se incluiría en la lista de aspirantes, a quienes en teoría consideraría la XV Legislatura.

Mas a pesar de estas actitudes de forma, en poco tiempo el hasta hace poco litigante busca una relación con los medios de comunicación, lo que se antoja que solo tendría sentido a largo plazo. No fue parco el abogado y detalló una transformación a fondo que emprenderá la fiscalía, que desde luego no se puede hacer de un día para otro.

 

Tampoco será muy breve el tiempo que se lleve el análisis de la documentación de la entrega que hizo ayer la administración anterior. Lo más probable es que alguien que estuviera a punto de tomar las de Villadiego no habría revelado ese proceso ni se habría comprometido, como lo hizo, a hacer una revisión exhaustiva de compras, gastos y partidas contables, a realizar auditorías en caso de responsabilidad y mucho menos a llevar ante la justicia a eventuales felones, que pudiera haberlos, pues no omitió Gustavo Salas señalar la descomposición de la procuraduría, hoy fiscalía, en los años recientes, institución merecedora de la peor de las imágenes no solo ante la prensa, sino ante toda la sociedad.

 

De plano, aunque negó tener información sobre posibles actuaciones ilegales al interior de la fiscalía, advirtió que no cargará con culpas ajenas y que en caso de haber irregularidades financieras en compras u obras llevará la respectiva acusación a la Auditoría Superior del Estado o, de ameritarlo, a la de la Federación, y vaya que son cantidades nada menores las que estuvieron en juego, pues el órgano autónomo, bajo la gestión de Pech Cen, recibió en 2017 un presupuesto de casi 560 millones de pesos que para este año aumentó en más de 100. Sin duda alguna, hubo –y sigue habiendo– en dónde hincar el diente con ganas de llevarse una pequeña fortuna al peculio de los funcionarios. Tendremos que esperar para saberlo, aunque el fiscal interino, que dedicó varias horas a explicar los pormenores del trabajo de la institución a los periodistas y no solo aguantó sino respondió con abundancia los más incisivos cuestionamientos, aseguró que se revisará con lupa pero sin dilaciones.

 

HELADA MADRINA

 

Otro contraste con Miguel Pech, ciertamente un conocedor de la ciencia jurídica y bastante versado en el sistema penal acusatorio vigente por mandato constitucional desde mediados de 2016 –aunque Quintana Roo ya había establecido los juzgados penales orales de Chetumal desde un par de años antes–, pero muy malo para comunicarse y notoriamente impaciente con quienes no comparten su sapiencia, como en general somos los periodistas, es que el licenciado Salas dedicó una muy, pero muy amplia explicación de los motivos por los que no se puede proporcionar información detallada a la prensa sobre delitos antes de que se judicialicen y sentencien –es decir: cuando el o los imputados sean vinculados a proceso por un juez de control y sean encontrados culpables por el juez oral–.

 

El sistema de justicia penal, de corte garantista –que privilegia los derechos humanos–, pone total énfasis en el debido proceso, lo que significa que no se pueden violar las garantías establecidas en el Capítulo I del Título Primero de la Constitución General –artículos 1 a 29– y las acciones preventivas, de investigación y sobre todo de detención de un imputado fijadas por el Código de Nacional de Procedimientos Penales, pero además que es menester preservar escrupulosamente la cadena de custodia en las indagatorias.

 

Dado que incluso una confesión ya no tiene el valor probatorio que antes tenía, pues este se abatió entre otras cosas porque no era raro el uso de la intimidación y la tortura, ahora las carpetas de investigación –antes averiguaciones previas– se deben formar primordialmente con base en pruebas científicas, so pena de que la autoridad judicial ordene la inmediata libertad del sujeto presuntamente activo de un acto delictivo.

 

Una de las principales características de una investigación ministerial bajo el nuevo sistema es el respeto al principio de presunción de inocencia, por lo que difundir identidades, fotografías, videos, cualquier otro material o dato respecto a un imputado puede echar abajo un proceso incluso antes de empezar, lo que los letrados defensores saben perfectamente y no dejan de utilizar cuando descubren una violación de los policías preventivos, agentes ministeriales o ministerios públicos. Incluso –a inquietud expresa de un reportero– explicó por qué ya no se permite a personas distintas a los peritos acercarse demasiado a la escena de un delito, por más que un reportero quiera desarrollar su labor.

 

 

LA DICHA INICUA…

 

En la misma reunión de acercamiento del jueves que devino en rueda de prensa estuvieron el director de la Policía Ministerial Zona Sur Adrián Valdovinos Rodríguez y el vicefiscal también sureño Rafael Matos Leal. Él nos respondió a la pregunta sobre qué tanta es la capacidad real, instalada de la fiscalía para cambiar las clásicas “calentaditas” de los viejos interrogatorios que ya no se valen el sistema penal acusatorio e impiden la llegada de los expedientes a juicios orales, por la aplicación de la ciencia forense. Su recuento de avances científico-tecnológicos fue pormenorizado. Fue una grata sorpresa saber cuánto se ha avanzado en eso y ahí el mérito no se le puede escatimar en buena parte al maestro Miguel Angel Pech Cen.

 

Refirió el vice fiscal que desde la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, que en Quintana Roo comenzó desde el 2014 en el Distrito Judicial de Chetumal, que incluye también Bacalar, se empezó a trabajar en un proyecto para el equipamientos de laboratorios. Se tiene un laboratorio de genética forense, el cual ya esta operando desde 2016 realizando pruebas genéticas sobre muestras, y se tienen ya varios casos en los que gracias a los resultados de ADN se ha podido acreditar la participación de imputados en varios delitos y se han obtenido sentencias condenatorias por haber demostrado la responsabilidad de personas en hechos delictivos.

 

Se cuenta también con los laboratorios de química, para los que se han adquirido equipos nuevos, de tecnología de punta, como un cromatógrafo de gases-masas que permite encontrar toxinas o residuos tóxicos en la sangre o en la orina de las personas.

 

También se tiene un espectrómetro de absorción nuclear, que sirve para determinar la presencia de metales pesados con el fin de establecer que hubo disparo de arma de fuego, finalidad que antes dependía solo de la prueba más volátil e imprecisa del famoso rodizonato de sodio, que todavía se sigue utilizando: la prueba de absorción atómica es una prueba confirmatoria; la tradicional de la presencia de pólvora es para determinar una posibilidad con cierto grado de certeza. La de alta tecnología se consigue con un costoso aparato digno de laboratorios del primer mundo.

 

También se cuenta con los equipos necesarios para esclarecer los casos de violencia sexual, obtener y estudiar las muestras para determinar la participación de alguna persona, precisamente mediante el ADN, que se toman a la víctima y determinan con exactitud la responsabilidad de un imputado.

 

Esta modernización de todos los laboratorios está siendo supervisada por diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales, y se está buscando la certificación de los mismos, que necesita el cumplimiento de requisitos de infraestructura y de capacitación. Se sigue trabajando en ese tema, específicamente en la zona norte.

 

Está en etapa de desarrollo un proyecto de infraestructura que estará al servicio del sistema de justicia penal acusatorio de Cancún, que ejecuta la Secretaría de Infraestructura y Transporte y debe concluirse este año. Ahí van a establecerse los nuevos laboratorios en de la zona norte, los cuales van a ser equipados de la misma forma que los de Chetumal.

 

También está en funcionamiento el IBIS, sistema que permite la determinación de las huellas balísticas; cuesta mucho dinero cada año pues la fiscalía tiene que pagar entre dos millones y dos millones y medio para la renovación de la licencia, aunque vale la pena el esfuerzo porque permite determinar las armas que se utilizan en diferentes eventos delictivos

 

Desde luego a esta constante modernización lo único que la limita son los recursos, pues todo lo que tiene que ver con ciencia forense es bastante caro. A la fiscalía se le asigna un presupuesto por parte del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública, que es federal; el año pasado fue de alrededor de ochenta millones de pesos, de los cuales 31 se invirtieron en ciencias forenses. “Nos queda claro –comentó Matos Leal– que la parte científica en esta nueva forma de investigar es la más importante; ya tenemos algunos equipos que nos ayudan en la nueva investigación pero todavía nos hace falta adquirir nuevos y también preparar más laboratorios, por ejemplo de genética, que solamente tenemos aquí en Chetumal”. Al la fecha las muestras, que son muy delicadas en su manipulación, se tienen que estar trasladando desde la zona norte hasta la zona sur, por lo que eventualmente, con el nuevo edificio, se podrá montar también un laboratorio en Cancún.

Casi, casi, parecería que estamos en la era del CSI Chetu York, pero aún hay muchas carencias que superar y en Cancún todo por hacer, pero mientras se avance…

 

REPÚBLICA DE BABIA

 

Es tanto el estrés al que están sometidas las fuerzas de seguridad y procuración de justicia que ayer una llamada telefónica al número de emergencias 911 reportando un cuerpo “encobijado” motivó una fuerte movilización policiaca en la manzana 230 de Cancún, pero el supuesto occiso en realidad era un perro muerto.

 

Parecería tontería policiaca, pero como vimos arriba en realidad fue todo lo contrario: los preventivos no dudaron en comunicarse a la Fiscalía General del Estado para solicitar la presencia de peritos. Estos precintaron el área con el consabido listón amarillo, pero ya tomadas las precauciones del caso para la preservación de la cadena de custodia previniendo la contaminación de la escena del crimen descubrieron que la pieza textil envolvía a un desafortunado can.

 

Empero, ¿que habría sucedido si antes de tomadas estas precauciones la escena hubiese sido alterada por la irrupción de policías o cualesquiera personas, si el encobijado hubiese sido un ser humano, víctima de un asesinato? Una posible investigación se habría frustrado en su propio comienzo.

Como que ya están aprendiendo los señores policías.