La ley indica que Jesús Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, y Jesús Alberto Pérez Abarca, titular del ramo en el municipio Benito Juárez en el mismo estado, deberán ser echados ipso facto en caso de que, como se ha especulado, fueran inhabilitados en Morelos, donde se desempeñaron como jefes de las policías de Cuernavaca y Cuautla, respectivamente.

Esto es así porque julio de 2016 se promulgó y, tras los plazos de los artículos transitorios de su decreto, que ya se cumplieron todos, está vigente una ley general en la materia, por lo que su normatividad no aplica solo para la federación, un estado o un municipio, pues no es un ordenamiento federal, estatal ni local.

No solo Quintana Roo debe acatar alguna resolución de las autoridades de federación u otro estado, cuando sea una entidad facultada por la Ley General de Responsabilidades Administrativas la que la emita para sancionar faltas; en su artículo 97 la norma dice que “las autoridades investigadoras podrán hacer uso de las siguientes medidas para hacer cumplir sus determinaciones: I. Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo; II. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que deberán de atender de inmediato el requerimiento de la autoridad o, Arresto hasta por treinta y seis horas”.

Hacemos notar que en el párrafo II se utiliza la expresión “de cualquier orden de gobierno”, resaltando la validez general de las resoluciones de cualquier promovente que la misma ley considere facultado, como lo es el Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que juzga las faltas administrativas graves presuntamente cometidas por servidores públicos de aquella entidad federativa, lo que implica que una eventual inhabilitación sería válida para todo México, no solo ahí.

 

Lo anterior querría decir que el gobernador caribeño Carlos Joaquín González y la alcaldesa de Cancún María Elena Lezama Espinosa ya debieran empezar su head hunting, mas esto pudiera ser precipitado, pues hasta ahora las informaciones son imprecisas, señalan intenciones y no sabemos si hay un proceso formal enderezado contra los policías que hoy mandan aquí.

 

HELADA MADRINA

 

De que Cuauhtémoc Blanco Bravo, el recién investido gobernador morelense, les quiere echar el guante y perjudicar al máximo no tenemos la menor duda, pues son parte del equipo de su odiado antecesor Graco Ramírez Garrido Abreu, pero la verdad es que si su jefe de Oficina Juan Manuel Sanz Rivera apenas está preparando la denuncia “por faltas graves y corrupción” no es más que un sobresalto adelantado, un fuego fatuo, pues el proceso en ciernes no es “enchílame esta”. Hoy por hoy, parece no haber nada aparte de la ira de rivales políticos. Hasta ahora: hay que ver qué es lo que viene.

Lo más curioso es que es justamente el tema del Mando Único que Capella impulsó en la capital de Morelos y que tanto repudió ahora tiene muy empelotado al futbolista, porque ya desde hace tiempo su amigo –jefe– Andrés Manuel está impulsando justamente esa estrategia en su afán por pacificar al país y someter a la delincuencia. Citamos a La Silla Rota:

“Como Alcalde de Cuernavaca y durante su campaña política en busca de la gubernatura Blanco Bravo insistió en que esa estrategia policíaca no había dado resultados, por lo que prometió echarla abajo una vez que asumiera la titularidad del poder ejecutivo estatal.

“Sin embargo, cuestionado al respecto luego de sostener una reunión con Andrés Manuel López Obrador en la que abordó el tema de la violencia e inseguridad en Morelos, Blanco dijo que ese esquema permanecerá entre seis y ocho meses en su gobierno.

“‘Por el momento no (se va el Mando Único), no podemos dejar de proteger a la gente, pero le vamos a regresar la policía a los municipios, nos vamos a tardar como seis, ocho meses para que acomodemos a la policía para regresársela a los municipios’, dijo el todavía presidente municipal de Cuernavaca.

“Dijo que durante esos seis u ocho meses la Policía Federal y la Gendarmería reforzarán la seguridad en la entidad.

“‘Lo único que fuimos a hablar con él (López Obrador) es que nos ayudara para que cuando nosotros entremos traer la Gendarmería y la Policía Federal porque no podemos seguir con esta situación.

“‘A eso fuimos a la Ciudad de México y te digo que mañana tenemos otra reunión, el lunes tenemos una con Gobernación para entrando que nos manden a la Gendarmería y a la Policía Federal’, expresó”. Hasta aquí la cita.

El texto del ordenamiento que hemos estado comentando se autodefine a la letra en su artículo 1: “La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación”.

 

No vamos a entrar en todos los detalles porque son muchos, pero el jefe Capella y su homólogo benitojuarense Pérez Abarca, mientras no se agote lo arriba escrito –lo cual no será fácil– podrán seguir despachando, aunque mucha gente los repudie por la medio dudosa razón de ser “fuereños”, palabra que con todo el afán de estigmatizar utilizan sus furibundos detractores en las redes sociales.

 

Mas si no llegan las acusaciones formales, los aceleres del “Temo” y de su jefe de oficina Sanz deberían preocuparles, pues Capella no se quedaría con los brazos cruzados. Así lo expresó en un texto distribuido por WhatsApp:

“El apellido de nuestros hijos y el prestigio personal se defiende hasta con la vida misma. Mi reacción ante tales y desafortunadas difamaciones será implacable dentro de los límites de la ley. Ya lo haré del conocimiento público en su momento”.

Va para lago, pues.

 

REPÚBLICA DE BABIA

 

El “me canso ganso” del presidente Andrés Manuel López Obrador podría meterlo en grandes predicamentos mañana mismo, cuando aseguró en una de sus interminables conferencias de prensa mañaneras que, a la voz de ya, arrancan en Palenque, Chiapas, las obras de su emblemático Tren Maya, pues evidentemente no hay condiciones para que esto suceda.

No solo no hay siquiera convocatorias a las licitaciones –si las hubiera en medio mes de gobierno sería acaso una irresponsabilidad, pues el tiempo es muy corto para ello y es claro que antes de su famosa consulta sobre 10 proyectos que encabezó este a realizarse bordeando la Península de Yucatán y tocando otro par de estados: Chiapas y Tabasco– no tenían absolutamente nada, sino que hay varios estudios básicos que antes de poner el primer durmiente ya deben estar hechos.

Como él mismo ha dicho, el pueblo no es tonto –aunque haya millones que en verdad lo parecen, por fanáticos–: ¿qué obra va a inaugurar el mandatario mexicano en Palenque si legalmente todavía no puede arrancar? A lo mejor va a mandar a chapear los terrenos en los que se ubican la estación Palenque del antiguo ferrocarril que iba de México al puerto Progreso, Yucatán, pues no podrá hacer mucho más.

El 21 de noviembre se publicaron los refritos de un boletín de distribución controlada del equipo del entonces presidente electo:

“A principios de diciembre iniciarán las licitaciones para elaborar el proyecto ejecutivo del Tren Maya y rehabilitar por completo el tramo que va de Mérida a Valladolid, informó el equipo de transición del presiente electo, Andrés Manuel López Obrador.

“En un comunicado, indicó que durante los primeros días de diciembre, también arrancarán los trabajos de la consulta previa a pueblos originarios, y una vez que haya suficientes avances del proyecto ejecutivo, se solicitarán las Manifestaciones de Impacto Ambiental”.

¿Cómo es que arrancará mañana la construcción del ferrocarril si eso ni siquiera ha sucedido? La verdad es que, salvo una mauyúscula sorpresa, eso será una toma de pelo más, como lo del IVA y el ISR en las fronteras.

Esperamos que en verdad esa obra camine, por el bien de la pujante economía de Quintana Roo –Bacalar, que tanto ha crecido turísticamente, recibiría un fuerte impulso, con beneficios obvios para Chetumal– y las mucho menos favorecidas de la región, pero por favor que no se nos quiera ver la cara de paisanos con tal de que a Andrés López no se le canse el ganso tan prematuramente.