Redacción/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Los 14 funcionarios de la Fiscalía General del Estado sobre los que fueron liberadas las primeras órdenes de aprehensión por tortura (de un total de 33) en agravio de Héctor Casique Fernández, alias “El Diablo”, cuando fue detenido en marzo de 2013, deben acreditar su arraigo domiciliario para evitar que el proceso penal lo lleven a cabo tras las rejas.

La órdenes de aprehensión son para llevar a los imputados ante un Juez de Control para determinar si hay o no, vinculación a proceso, y también si lo lleva en la cárcel o dejando una garantía como puede ser el pasaporte y el compromiso de firmar periódicamente para asegurar que no se fugarán.

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El Nuevo Código de Procedimientos Penales no contempla la tortura como delito grave, pero si los funcionarios no acreditan su arraigo domiciliario, es decir, que no existe duda del lugar donde viven, podrían ser encarcelados el tiempo que dure su proceso penal por el delito de tortura en agravio de Héctor Casique Fernández, quien fue ejecutado el año pasado en un restaurante que se ubica a la entrada a la delegación de Alfredo V. Bonfil.

El artículo 167 de dicho código, en su catálogo de delitos graves o que ameriten prisión preventiva oficiosa, no contempla el delito de tortura.

Sin embargo, de acuerdo a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su artículo 26 señala que al servidor público que cometa el delito de tortura se le impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión y a pagar una multa de 500 a mil días de salario mínimo.

El artículo 24 de dicha Ley señala que el funcionario público comete el delito de tortura cuando, con el fin de obtener información o una confesión por una investigación criminal, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona.

Información que obtuvo Novedades Quintana Roo señala que un juez liberó 14 órdenes de aprehensión en contra del mismo número de funcionarios y ex funcionarios públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el caso de tortura que denunció en su momento Héctor Casique Fernández.

La fuente señaló que se espera que en los próximos días se libere el resto de los mandamientos judiciales, en total serían 33 órdenes contra agentes del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) y de la entonces Policía Judicial del Estado (PJE).

Casique Fernández fue detenido y acusado de haber participado en el ataque al bar La Sirenita, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, en el 2013. Fue liberado en septiembre del 2016 al considerar tribunales internacionales que había sido torturado.

En el 2017, después de que recibió una disculpa pública por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue ejecutado junto con otra persona, en un restaurante que se ubica en la entrada a Bonfil.