Un juez federal ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionar un condominio en Tankah IV, zona de anidación de la tortuga marina, el cual no cuenta con permisos federales de impacto ambiental.

Lo anterior porque la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas) ganó una suspensión dentro del juicio de amparo indirecto 965/2024, del Juzgado Quinto de Distrito.

Se trata del proyecto condominal Maiim, ubicado al sur de Bahía Solimán en Tankah IV, el cual tiene un resolutivo de la Profepa dictado en noviembre pasado que lo obliga a suspender labores.

Además, en otro resolutivo ambiental, dictado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por evaluación para obtener el cambio de uso de suelo dictado en octubre pasado, al promovente se le negaron los permisos federales para llevar a cabo el proyecto, que inició e hace más de un año sin anuencias.

En este contexto, Dmás, la misma organización que interpuso los amparos contra el Tren Maya hace algunos años, promovió este nuevo recurso contra la Profepa y su falta de interés de inspeccionar el citado proyecto.

“Acredite mediante la diligencia de inspección correspondiente, que la aquí tercero interesada se ha abstenido de continuar con la construcción del proyecto y, en caso contrario, tomar las medidas inmediatas para que la medida correctiva se acate desde luego”, se lee en el resolutivo de juicio de amparo indirecto.

Estas acciones que ha emprendido la organización civil en la zona, versan en que dos particulares iniciaron la construcción de condominios en un tramo costero de anidación de la tortuga marina.

El sitio se ubica a unos 10 kilómetros del santuario de Xcacel Xcacelito, área natural protegida de jurisdicción estatal.

“Dentro del término concedido para rendir informe previo informe sobre el cumplimiento dado a este auto de suspensión (...) en caso de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el monto de la unidad de medida y actualización, que asciende a cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos”, se advierte a la titular de la Profepa en Quintana Roo.