El Gobierno de Quintana Roo, incluyendo todos sus municipios y organismos públicos, estará obligado a indemnizar al 100 por ciento el daño que sufran los bienes de los ciudadanos a causa de la deficiencia de los servicios públicos, ya sea el pésimo estado de las calles, un defecto de obra pública, entre otros.

La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo establecía, por ejemplo, que en caso de que un vehículo caiga en un bache, sin importar el valor de la unidad o si hubo pérdida total, el estado solo se haría responsable por un monto máximo de 378 mil 651 pesos, tomando en cuenta el valor actual de la UMA.

Casi tres años después de la creación de esa legislación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de inconstitucionalidad 175/2020 presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El recurso fue en contra del artículo 14, fracción II, párrafo segundo, de la mencionada ley que establecía como límite para el equivalente a tres mil 650 veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, por cada persona que reclame un daño a su patrimonio.

“Ello implicaba una limitación al derecho a la justa indemnización, que no respondía a la dimensión o gravedad del daño causado, ni a la falta de diligencia del Estado para evitarlo”, mencionó la SCJN en un comunicado.

Fines de la legislación 

De acuerdo con los ministros, ese límite resultaba contrario a uno de los fines de la legislación:

• Elevar la calidad y profesionalismo de los servicios públicos
• Obligar a los entes estatales y municipales a tomar previsiones para no incurrir en una responsabilidad patrimonial y administrativa

La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo publicada el 21 de febrero de 2020 en el Periódico Oficial del Estado es obligatoria tanto para municipios cuya obligación es tener vialidad y alumbrado público en óptimo estado, entre otros servicios.

También para los organismos del gobierno del estado, como por ejemplo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, que es constantemente señalado por romper calles.