Mientras que México está amenazado con ver reducidas sus calificaciones crediticias y parece inminente que perderá el grado de inversión y, como decíamos hace unos días, la línea de crédito flexible de hasta 86 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional por sumar al entorno internacional adverso muy malas decisiones económicas, pésimas señales a los inversionistas –la reina de ellas: la cancelación del aeropuerto de Texcoco– y un presupuesto en el que el gasto público brilla por su ausencia y es sustituido por programas asistencialistas, Quintana Roo, a pesar de padecer lo anterior por formar parte de la Federación y a que debido a los severos problemas que está pasando el gobierno federal por las descabelladas políticas de Andrés Manuel López Obrador, sigue reportando buenos resultados y su calidad crediticia y de inversión es constantemente reconocida por las firmas calificadoras internacionales.

La semana pasada Ficht Ratings elevó la calificación del estado de BBB de estable a positiva, esto debido “a la tendencia creciente de los ingresos operativos y un mayor control del gasto para cubrir el alto nivel del servicio de deuda”, es decir: el pago oportuno de intereses.

Esta política del gobierno de Carlos Joaquín González, que ejecuta escrupulosamente Joanet Torres Muñoz, titulas de la cartera de Finanzas, y que tiene al estado, por ejempo, en el segundo lugar en recaudación propia, solo detrás de la Ciudada de México.

Torres Muñoz dijo en la semana que “Esto fue posible gracias a una administración financiera responsable y la creación del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) que ayudó al incremento de la recaudación junto con la organización e implementación de diversas áreas como auditoría, jurídico y atención al contribuyente”.

Con mucho esfuerzo, con austeridad –que a diferencia de la Federación para la entidad federativa no significa desatender a la población, cancelar programas, cerrar áreas del gobierno ni supsender la inversión productiva, sino tener discilina y racionalidad en el fasto–, Quintana Roo sigue promoviendo su industria turística, que significa más del 40 por ciento de la que tiene el país.

En contraparte, en el año en curso México ha pasado de tener una calificación BBB positiva a estable, y hace poco bajó a la perspectica negativa.

La consultora A. T. Kearny, sgún publicó un periódico especializado, informó que “México cayó al último puesto del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa. Además, afirmó que López Obrador `podría comenzar a desmantelar los procesos de privatización que se habían iniciado’, lo que afectaría el decrecimiento de la inversión. Como respuesta, el Gobierno acusó a las empresas calificadoras de ‘castigar’ a México”.

Por su parte, Rocío Nahle, ingeniera petrolera y titular de la Secretaría de Energía, llamó “hipócritas” a las calificadoras de riesgo que alertaron a inversores internacionales sobre el riesgo de llevar su dinero a México por el peligro inminente contra los bienes privados.

En realidad no sabemos bien si el presidente ignora la importancia de las calificadoras de inversión, por lo menos de las tres grandes que acaparan alrededor del 50 por ciento de las consultas en el mundo –y en México los grandes inversionistas tampoco dan un psao sin el huarache de estas firmas al afirmar que están mal y el tiene otros números, o está dispuesto a condenar al país a un retroceso de décadas en su capacidad de captar inversiones y de ser sujeto de crédito.

En Quintana Roo podemos esdtar razonablente confiados en lo inmediato, pero si bien el estado ha sido capaz de sortear un retraso de meses en la entrega de participaciones federales y programas, dado que somos parte de México las cosas se están poniendo cada vez más difíciles.