Tal vez sea necesario repetirlo mil veces: la deuda de Quintanas Roo no crecerá en términos de capital: es obvio que una renegociación de las condiciones de pago –que es lo que se hizo– tiene un costo en términos nominales, mas sin duda significa mejores condiciones para la hacienda pública.

Eso es lo que aprobó la XVI Legislatura, a pesar del voto meramente político –y a todas luces irresponsable– de los diputados de Morena, el presidente camaral Edgar Gasca Arceo, Linda Cobos Castro y Érika Castillo Acosta.

Los diputados aprobaron la iniciativa del gobernador Carlos Joaquín González, estructurada por la secretaria de Finanzas y Planeación Yohanet Torres Muñoz, de extender por un plazo de hasta 25 años, uno o varios financiamientos hasta por 19 mil 21 millones 376 mil 697 pesos, para refinanciar y/o reestructurar la deuda pública directa del estado que se encuentra vigente con las instituciones de crédito.

No se preveía una medida así, pero los golpes financieros recibidos en la caja estatal por las cruentas medidas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador orillaraon a las decisiones emergentes, que por otro lado no implicarán mayor sufrimiento para los quintanarroenses.

No es crecimiento de la droga económica de Quintana Roo. El estado, a diferencia del país, mantiene condiciones reputadas como bastante positivas por los observadores financieros locales y de allende nuestras fronteras. Por eso fue posible la negociación de mejores condiciones –tasas y plazos– para solventar los empréstitos.

Si a alguien hay que creerle es a la responsable de la hacienda pública estatal, Yohanet Torres, pues ella ha enderezado muchas de las cosas que estaban torcidas en el área desde que relevó a Juan Vergara Fernández en la cartera más importante de la administración pública, que para un gobernador de profesión en contaduría pública es obvia prioridad.

Yohanet Torres expresó que “el gobernador Carlos Joaquín reconoció el compromiso de los legisladores con los quintanarroenses, ya que con este dictamen se aprovecharán las condiciones crediticias vigentes con la baja en las tasas de interés, el estado podrá tener un mayor margen de operación para destinarlo a pago de pasivos circulantes, inversión pública productiva y brindar más y mejores servicios de salud, educación, seguridad pública y desarrollo social”. Se habla de rubros básicos.

La verdad es que estábamos a punto del ahorcamiento. Como dice la canción, el gobierno aguantó hasta donde pudo, mas ya era necesario procurar escenarios financieros más propicios. El documento gubernamental refiere que “con base en el escenario favorable que se presenta en este destino, se espera mejorar las condiciones crediticias mediante la reestructura o refinanciamiento de la deuda de largo plazo mediante procesos competitivos de contratación, que permitirá a la Administración Pública Estatal alcanzar una estructura de deuda más flexible y eficiente”.

La titular de la Sefiplan –abunda el comunicado oficial– recalcó que “con esta aprobación se reducirá el costo actual de la deuda pública, mejorará las condiciones contractuales de los financiamientos y se establecerá el servicio de la deuda con un mejor equilibrio entre la actual administración y las subsecuentes, que daría como resultado la liberación de ingresos de libre disposición, obteniendo mayor liquidez de las finanzas estatales, así como el fortalecimiento del desarrollo de programas y proyectos prioritarios en beneficio de los ciudadanos”.

Es evidente que con una calificación crediticia negativa por parte de las firmas privadas que se encargan de ello y son referente mundial obligado ningún banco u organismo financiero habría tenido confianza en Quintana Roo, pero la solvencia de nuestro estado, sin duda mejor que la del propio país, quedó demostrada.

Más que la mejora en las condiciones financieras de la entidad, hay que celebrar la calificación positiva y la confianza que inspiramos. Eso vale mucho.