Jorge Carrillo/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Los policías judiciales son quienes representan la mayor cantidad de quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (Cedhqroo), pero a partir del 10 de junio tendrán más facultades.

El Subprocurador de Justicia en la zona sur del Estado, Antonio Nieto Bastida, reconoció que serán los elementos de la Policía Ministerial, los agentes de la Preventiva Estatal y de la Municipal, quienes a partir de la entrada del nuevo sistema de justicia penal acusatorio contarán con más atribuciones.

Explicó que en el nuevo sistema procesal penal de corte acusatorio adversarial, que se implementará en el primer Distrito Judicial de Quintana Roo correspondiente a los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco, a partir del próximo 10 de junio, resulta vital la actuación de la Policía Ministerial debido a que se le conceden amplias facultades de investigación, precisó el funcionario de la Procuraduría General de Justicia.

“A la Policía Ministerial se le otorgan más facultades que al propio Ministerio Público (MP), pues ésta ya no estará sujeta cuando se presente un evento delictivo a que el MP le gire una orden de investigación respecto a un caso específico, para que este cuerpo pueda desempeñar sus atribuciones y de hecho, hasta las policías estatales y municipales, una vez que adviertan algún hecho delictivo tendrán la facultad de iniciar indagatorias y posteriormente informarle al Ministerio Público sobre las primeras actuaciones”, desglosó.

Dijo que lo anterior se deriva del Código Nacional de Procedimientos Penales que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tal y como lo ha manifestado a través de su representante, posee algunos artículos controvertidos por considerarlos violatorios de los derechos humanos, mismos que en su mayoría se refieren a las facultades que el nuevo ordenamiento da a las corporaciones policíacas para realizar inspecciones a personas o vehículos sin orden judicial, o al Ministerio Público para que congélelos bienes de un detenido u ordene a una empresa de telefonía celular localizar en tiempo real un aparato ligado a un delito.