Otra vez, Alejandro Gertz
Nunca antes en la de por sí agitada e intensa historia de la procuración de justicia en nuestro México...
Nunca antes en la de por sí agitada e intensa historia de la procuración de justicia en nuestro México, había habido un fiscal substancialmente manejado por la ignorancia.
Éste gravísimo y veraz concepto, se lo debemos completo a un Fiscal General de la República de nombre Alejandro Gertz Manero, que en el momento preciso de una máxima decisión política, se inclinó por procurar justicia, apoyándose en su muy elevada ignorancia, en irreversible e inaudito agravio a la Representación Social Federal, a la Justicia, al “Caso Ayotzinapa”, a la Cuarta Transformación de la Nación” y a México.
La que fue hasta antes del neoliberalismo una imponderable y siempre erguida Procuraduría General de la Federación -la de la probidad económica e intelectual- dio varios funcionarios de inteligencia y conocimientos, como lo fueron Don Eduardo Neri, Don Eduardo Delhumeau, Don Romeo Ortega, Don Ezequiel Padilla, Don Emilio Portes Gil, Don Genaro Vázquez, Don José Aguilar y Maya, Don Francisco González de la Vega, Don Carlos Franco Sodi, Don Fernando López Arias, Don Antonio Rocha Cordero, Don Julio Sánchez Vargas, Don Pedro Ojeda Paullada, Don Enrique Álvarez del Castillo, Don Sergio García Ramírez y el último de esos grandes Don Daniel Cabeza de Vaca.
A ninguno de esos grandes, doctos e incorruptibles juristas, se les hubiera ocurrido jamás solicitar un libramiento de orden de aprehensión y/o un ejercicio de acción penal, pretendiendo sostener su acusación en la aplicación de una ley retroactivamente, como la que solicitó Alejandro Gertz Manero por el sonado “Caso de Ayotzinapa”.
Veamos porqué
El inconstitucional pedido de justicia emitido por la Fiscalía General de la República cuyo titular por desventura lo es Alejandro Gertz Manero, solicitó una orden de aprehensión en contra de más de ochenta personas, por el caso de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, incluidas entre ellas veinte en contra de mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 de Iguala, incluyendo en ellas a Jesús Murillo Karam ex Procurador General de la República.
Vayamos al fondo
La Constitución General de la República en el artículo 14 dispone de manera clara y comprensible que: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Ello lo entiende cualquier jurista con mínima preparación y cultura jurídica.
Sigamos profundizando
La “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas”, entró en vigor el día 17 del mes de noviembre del año de 2017.
Como por todos es conocido el Caso Ayotzinapa, aconteció entre la noche del día 26 y la madrugada del día 27 del mes de septiembre del año de 2014. Luego entonces, la Ley de Desaparición Forzada de Personas no estaba vigente en el momento de tan lamentables acontecimientos.
En suma, la fiscalía de la ignorancia pretende hacer retroactiva una ley, que carecía de vida jurídica en el momento del evento delictivo. Por tanto, carece de fundamento constitucional, el pedido de Alejandro Gertz Manero en comento. Por ese simple hecho funda irregularmente su insano capricho de resolver “el caso”, que de manera alguna puede estar por encima y sí por abajo del precepto expreso de la Carta Magna, como lo es el artículo 14, que ya quedó en lo conducente asentado.
Lo más grave de todo ello, no resulta de lo solicitado, sino además en esta ocasión, con motivo de su yerro evidentemente anticonstitucional, hace evidente que el Secretario de Gobernación no cumplió con su función de “vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del País, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales, dictando las medidas administrativas que requieren ese cumplimiento”. (art. 27 Fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de abogados de México, A.C.
¡Maldad al procurar justicia!
En muchas injusticias no hay preludios amenazadores. Directamente hay acciones.
Hay algunas faenas de la Fiscalía General de la República para proteger a la delincuencia de gran sutileza, pero que revelan no sólo una gran maldad sino una ignorancia en la aplicación de la ley. Por ejemplo: La protección que se le brinda a la narco-política concentra cada vez más atención de México. Constituye un importante repudio al margen de todo tipo de críticas de orden político, público y jurídico. En otros tiempos y antes de la época del neoliberalismo se celebraba la aplicación cabal de la Carta Magna, ello lo aplaudían todos, eso sí, con discursos, incluso con reconocimientos de la comunidad internacional.
En ésta Cuarta Transformación de la República, la omisión a indagar la verdad del fenómeno en cuestión da pie a críticas severas de la abogacía independiente. En la actualidad, el Fiscal General de la Nación no es custodio de la ley, quizá sea porque se encuentra apoyado en generosas prebendas de índole político, con su actuar pretende convencer a la República de su eficacia, realizando otro tipo de detenciones para pretender persuadir que está actuando con bien, convocando desde luego a ceremonias colectivas para que se aplaudan con júbilo sus injusticias.
El Fiscal no es custodio de la ley, ni de la verdad, por tanto, no puede ni debe celebrar sus triunfos por la sencilla razón que inaplica el derecho. Lo que por consecuencia lógica jurídica fastidia sus festejos. Con su incorrecto hacer envilece la justicia. Menuda faena. ¡Qué descaro!
A México no se le convence con injusticias ni mentiras. En ésta Cuarta Transformación de la República, no se le puede ocultar a toda la Nación que la Fiscalía General protege a la narco-política. Que la Representación Social Federal se ha convertido en cómplice de injusticias. ¿Por qué México al día de hoy no puede celebrar con solemnidad el triunfo de la justicia?
Recientemente, los Estados Unidos Mexicanos han asistido a una variante de esas faenas de injusticias. Alejandro Gertz Manero, trata de aplicar retroactivamente una ley, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas”, la cual, como todos sabemos entró en vigor el día 17 de noviembre del año del 2017.
Para ilustración del señor Representante Social Federal, la retroactividad en la aplicación de una ley es absolutamente improcedente, inconstitucional, desacertada e infundada.
Desde un punto de vista estrictamente de índole jurídico-constitucional se estima improcedente la aplicación retroactiva de cualquier ley. No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, el que pretenda sacar a relucir el “Caso Ayotzinapa”, ni que en su falaz planteamiento se involucre aspectos sobre valoración de pruebas, porque las actuaciones realizadas bajo la vigencia de leyes anteriores no pueden ser destruidas por caprichos insanos de la Fiscalía. Es de explorado derecho que al momento de la consumación de un evento delictivo, consecuentemente se refleja fielmente aquella norma que se encontraba vigente y nunca sobre otras que ni siquiera tenían existencia en el mundo jurídico.
Es cuanto
Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.
Carta dirigida a Rosario Robles (Se hizo justicia 3 años después… ¡vaya injusticia! Carlos Alazraki
PRÓLOGO:
Señor presidente: Mil gracias por reconocer mi trayectoria como publicista muy exitoso. Mil gracias por recordarle a su auditorio un spot súper famoso que hice hace 25 años para la campaña de Arturo Montiel. Campaña que por cierto ganó Arturo.
Señor presidente: Un favor, no se haga que ya se le olvidó mi nombre cuando usted y yo sabemos muy bien cómo nos llamamos. La verdad, no le queda nada bien. Muchas gracias.
Estimada Rosario: ¡Finalmente se te hizo justicia!
Finalmente, después de vivir en un infierno llamado Santa Martha durante ¡Tres años! te obsequiaron tu libertad condicional. Libertad Condicional, pero finalmente Libertad. Me da muchísimo coraje decir que se te hizo justicia cuando el corrupto sistema judicial mexicano te encarceló ¡Injustamente!
Y te voy a explicar por qué estoy tan molesto y tan encabritado contra nuestro dizque sistema de justicia.
Muy fácil… porque finalmente un juez con un poco más de ética que las primeras dos basuras de los dos jueces que anteriormente te habían sentenciado, cumplió con la ley.
Este juez te otorgó tu libertad con la condición de que entregues tu pasaporte y que vayas al reclusorio cada dos semanas a firmar.
Rosario: ¿Me puedes explicar, por favor, por qué las basuras de los anteriores jueces que te juzgaron no te dieron esa libertad condicional que tres años después sí te otorgaron? ¿Me puedes explicar por qué esas porquerías de los jueces Padierna y el otro no te juzgaron como este último juez?
¿Por qué el asqueroso juez sobrino de Dolores Padierna y Rene Bejarano te falsificó una licencia para que se use como prueba contra ti y así encerrarte? ¿Por qué, Rosario? ¿Por qué?
¿Por qué Marianita, tu hija, tuvo que sufrir terriblemente para conseguir lana para pagarle a tus abogados? ¿Por qué por culpa de estos malditos jueces, Marianita tuvo que vender su modesto apartamento y tus cuadros para seguir cubriendo los gastos? ¿Por qué tus hermanos y familiares de escasos recursos movieron al mundo para ayudarte? ¿Por qué Rosario? ¿Por qué?
¿Por qué tus excompañeros de gabinete y partido desaparecieron y te dejaron sola?
¿Por qué meten injustamente a Jesús Murillo Karam cuando todos sabemos que es inocente? ¿Por qué sigue el exsenador Lavalle en el reclusorio por culpa de un pinche soplón de quinta que mintió para salvar su pellejo y meterlo a él a la cárcel? ¿Por qué una ama de casa como Alejandra Cuevas se pasó 528 días en el reclusorio de mujeres sin deberla ni temerla?
¿Por qué tanta impunidad en nuestro Sistema Judicial? ¿Por qué se puede corromper fácilmente a funcionarios públicos para que te metan a la cárcel o a cualquier ciudadano sin importar sus derechos como en las décadas de los 60 y 70? ¿Por qué hay gente humilde y sin recursos en los reclusorios sin juicio iniciado solamente porque no tienen ni siquiera los recursos para pagar unas copias de su juicio?
¿Por qué los reclusorios en toda la República son una BASURA? ¿Por qué no tratan a los prisioneros mejor y como seres humanos? ¿Por qué en lugar de meterle lana a unas estupideces de proyectos, no meten esa lana para mejorar las escuelas, los hospitales y los reclusorios?
¿Por qué una corcholata que es regente de la ciudad, gasta un lanón para pagarle a un asesor de comunicación política y digital de Barcelona, pagándole con dinero de su gobierno sin que nadie le diga nada? Sabiendo que aunque tenga ese asesor jamás va a ganar.
¿Por qué México ESTÁ HECHO UN DESMADRE? ¿POR QUÉ?
Lo que muchos piensan con respecto al problema del Tratado de Libre Comercio
Lo importante de resaltar respecto al Tratado de Libre Comercio es que la intención de estos señores sobre modificar la ley, se da posiblemente, porque esto queda en duda y en tela de juicio, ya que ellos quieren modificar la ley para que cuando sean unos ciudadanos y ya sin fuero, no puedan ser juzgados como lo merecen, por la bola de atrocidades y violaciones que han cometido a la Constitución y al fuero, llevando a cabo una obstrucción de justicia como jamás se había visto en la historia de México.
Es una mentira que Estados Unidos este presionando a los inversionistas de que no inviertan en México, lo que es una realidad es que se está violando al Tratado de Libre Comercio con las nuevas normas que han aprobado y eso pues va a crear la posibilidad de que se cancele el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos.
Es importante mencionar que no son órdenes de la Casa Blanca, es por parte de los accionistas ya que no están de acuerdo con el diferente trato comercial que recibirían por ser extranjeros, además de estar prefiriendo no invertir en un narco gobierno.
La realidad es que hemos tenido muchas experiencias, de diferentes grupos políticos o cárteles políticos, pero los que se volaron la barda y los que realmente se han ganado el desprecio, para el resto de las nuevas generaciones (hasta el tercer milenio) son esta bola de idiotas incautos que se dejaron engañar por un hombre más idiota que ellos y por una 4ta transformación porque ha destruido la confianza, las garantías, el respeto a la propiedad privada y sobre todo por no lograr una calidad de vida que merecemos los mexicanos.
Pero todo mal temporal pasa y estos están por pasar, así que lo importante es que se den cuenta de las violaciones que han llevado a cabo hacia la Constitución y a la ley, por lo que van a ser juzgados, y, si tuvieron contacto con cárteles dedicándose a “lavar dinero”, con su trabajo o relación con ciertos bancos, que recuerden que el “lavado del dinero”, en dólares provenientes del narcotráfico, es un delito federal a nivel mundial.
Y de los asesinatos, en los cuales algunos miembros del partido de Morena están asociados, es bien sabido por todos, que el asesinato no prescribe así como tampoco el robo al erario, es inaceptable que ahora pidan dinero para ayudar a la gente que se ha quedado sin sus casas, ya que fueron destruidas en varias áreas, como en Sonora y otros estados.
¿Cuál es el motivo para que ahora pidan ayuda? Pues fácil, porque se robaron los fondos del Fonden (Fondo de Desastres Naturales), instrumento financiero que fue creado con la finalidad de apoyar a los estados en este tipo de emergencias.
Y si hablados de corbatas de marca, trajes Hugo Boss, Zapatos Calvin y relojes Cartier, entonces ellos son los principales delincuentes, pero la verdad no se tapa con un dedo y cuando estén en el banco de los acusados, que no se les olvide lo que Jesús dijo, “con la vara que midas, serás medido”.
“Coronel retuvo y ordenó desaparecer a seis normalistas”
Según la investigación, José Rodríguez Pérez instruyó matar a esos estudiantes; Encinas apunta al Ejército como responsable por no haber seguido el protocolo para la búsqueda del soldado infiltrado entre los jóvenes
Al defender la nueva investigación del caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, apuntó al Ejército como responsable del asesinato y la desaparición de seis de los 43 normalistas, que se presume, se habrían mantenido con vida cuatro días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Afirmó que podría haber acciones en el marco de la justicia militar, pues en ningún momento los mandos activaron el mecanismo de búsqueda que establece el protocolo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en caso de elementos desaparecidos.
De haberse hecho, aseguró, se hubiera evitado la muerte del soldado infiltrado y la desaparición de los demás jóvenes.
Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, férreo defensor de las Fuerzas Armadas, el titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa implicó al entonces coronel José Rodríguez Pérez de ordenar la muerte y la desaparición del grupo de jóvenes.
Rodríguez Pérez, ascendido a general Brigadier en 2015, tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería en septiembre de 2014, con sede en Iguala, al que instruyó salir a investigar lo que estaba sucediendo con los normalistas.
“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”, refirió.
Con base en información “corroborada con llamadas al teléfono de emergencia 089”, Encinas Rodríguez detalló que los seis estudiantes estuvieron privados de la libertad en “la bodega vieja”, sin precisar el lugar exacto, y de ahí habrían sido entregados al coronel.
“Mandaron cocinar a 10 de los estudiantes e incluso hay la información, corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos varios días y con vida en lo que llaman ‘la bodega vieja’ y de ahí fueron entregados al coronel, como ven en los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos”.
Lo anterior, comentó el funcionario, demuestra que los normalistas nunca estuvieron juntos, como lo plantea la “verdad histórica”, que establece que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula y esparcidos sus restos en el río San Juan, “porque en muchos de los casos era tal la magnitud de la movilización de sicarios y el número de muchachos que pretendían desaparecer que se reubicaron en distintos puntos” aledaños a Iguala.
Señaló que queda demostrada la participación de las fuerzas armadas en los hechos, además de la presencia del soldado Julio César López Patolzin, normalista infiltrado de la Sedena, quien desapareció junto con los estudiantes y que en ningún momento sus mandos superiores activaron el protocolo de búsqueda.
“En ningún momento sus mandos superiores activaron el mecanismo de búsqueda que establece el protocolo de búsqueda de la Secretaría de la Defensa Nacional, que, de haberse aplicado este protocolo para garantizar la integridad física y evitar la desaparición del soldado Patolzin, evidentemente hubiera evitado la desaparición de todos los muchachos”, dijo el subsecretario.
Anunció que en el caso de López Patolzin hay responsabilidades dentro de la justicia militar, porque no se aplicó dicho protocolo. Añadió: “Pero también hay testimonios de la intervención, no solamente en los recorridos, en la conferencia de prensa, en el hospital Cristina, en otros sitios como el puente del Palacio de Justicia, de los elementos de las Fuerzas Armadas, sino que participaron en otras acciones”.
Encinas Rodríguez reiteró que el caso Ayotzinapa constituyó un crimen de Estado y que la “verdad histórica” que presentó el ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, preso en el Reclusorio Norte, se diseñó en reuniones de la Presidencia de la República, en las que participaron los más altos niveles del gobierno federal.
“Cuando señalamos que la ‘verdad histórica’ se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas, es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen.
“Y particularmente lo que está plenamente acreditado es el haber creado una verdad fundada en actos de tortura contra las personas detenidas”, puntualizó.
Insistió en que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes y su omisión no solamente llevó a la desaparición de los mismos, sino a la muerte de por lo menos otras seis personas. Por lo que, fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto a alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
Esto verifica porque asesinarían y desaparecerían a un camión lleno de estudiantes.
Como va a ser que el motivo verdadero, como lo publicamos hace 8 años, que los estudiantes estaban utilizando camiones de pasajeros para transportar morfina, porque nadie ha hablado de drogas, porqué un grupo de normalistas se transportaría de noche a un pueblito si no había algo chistoso, ya que los camiones que utiliza la línea en la que viajaban los normalistas era uno como cualquiera que se usa para transportar pasajeros, no como los de ahora que son puros camiones de lujo ¿No habrá gato encerrado?
Delitos, violaciones y más de quien está por ahora en el poder
(Segunda parte)
Reformas polémicas
En marzo de 2021, casi 20 organizaciones comerciales agrupadas en el Alliance For Trade Enforcement de Estados Unidos (una coalición de asociaciones comerciales y grupos empresariales que aboga por que los gobiernos extranjeros pongan fin a las prácticas comerciales desleales que dañan las industrias innovadoras de E.U.) acusaron que el gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador había introducido durante el último año “muchas leyes, reglamentos, decretos y normas” que colocan a las empresas estadounidenses en una gran desventaja frente a sus competidores mexicanos y violan acuerdos del T-MEC.
En junio de 2021, estas controvertidas y polémicas reformas, ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), provocaron serias reacciones en el mundo jurídico, en diversos sectores de la población e inclusive en analistas y gobiernos extranjeros; además de causar preocupación en inversionistas nacionales y extranjeros, que señalaron riesgos legales, económicos y sociales con las reformas.
Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica
El Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021, tiene como objetivo que el despacho de energía del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) priorice la que es producida por las centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), relegando al último lugar las renovables y ciclos combinados operados por particulares: energía producida por las hidroeléctricas, energía generada en otras plantas de la CFE, energía eólica o solar de particulares y ciclos combinados de empresas privadas, para garantizar la confiabilidad del SEN y un sistema tarifario de precios actualizados únicamente conforme la inflación.
El 12 de marzo un juez federal, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la CDMX y competencia en todo el país, otorgó la primera suspensión provisional.
Una semana después, el juez Gómez Fierro otorgó la suspensión definitiva, anulando todas las consecuencias derivadas del decreto que reformó la mencionada Ley, reiterando que sus efectos son generales, fallo con el que dejó paralizada la nueva Ley de manera indefinida.
Reforma a la Ley de Hidrocarburos
Coincidiendo con la presentación de la Acción de Inconstitucionalidad de la LIE, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Hidrocarburos.
La reforma a la Ley de Hidrocarburos incorpora la posibilidad de que la Secretaría de Energía (SE) o la Comisión de Reguladora de Energía (CRE) puedan suspender los permisos o franquicias que emitieron, con el objetivo de garantizar los intereses de la nación y dejar a salvo los derechos de terceros. Además, establece la revocación de permisos a permisionarios que alteren la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos o modifiquen sistemas, ductos e instalaciones sin autorización. El 4 de mayo, fue publicada la reforma en el DOF.
Estas reformas que han sido ampliamente defendidas por el Ejecutivo Federal, para expertos y analistas podrían ser un gran retroceso y traer, en consecuencia, litigios con empresas que ya tienen inversiones y minar la inversión privada.
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut)
Las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión entraron en vigor el 17 de abril de 2021, un día después de que se publicó en el DOF el decreto del Legislativo Federal por el que se instituye un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
El PANAUT es contemplado como una obligación de todos los usuarios de telefonía móvil para brindar datos personales con el fin de identificarlos. Los usuarios y titulares de telefonía móvil deberán proporcionar para la creación del padrón una identificación, comprobante de domicilio, así como sus datos biométricos. Las reformas no solo imponen la obligación a los titulares y a los usuarios de brindar sus datos personales, también imponen obligación a los concesionarios de telecomunicaciones y/o autorizados de recabarlos. Será el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el órgano encargado de instalar, operar, regular y mantener el padrón.
También establece que, en el caso del registro de líneas telefónicas móviles, en cualquiera de sus modalidades, adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, contarán con un plazo de dos años a partir de su publicación para cumplir con las obligaciones de registro a que se refiere. Transcurrido el plazo, el IFT solicitará a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados, la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes.
Desde su propuesta hasta su aprobación, especialistas en protección de datos y derechos humanos recalcaron la ilegalidad de la creación del Padrón y de la falta de legitimación del IFT para gestionar el derecho a la identidad de los mexicanos, además de que estará a disposición de las autoridades de procuración de justicia, vulnerando la presunción de inocencia, y será alimentada por concesionarios de los servicios de telecomunicaciones que violarían el mandato constitucional de protección de datos personales en posesión de particulares.
Para el 20 de abril se otorgó la primera suspensión provisional contra el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil.
El 27 de abril de 2021, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó por unanimidad, interponer una Acción de Inconstitucionalidad ante la SCJN contra el Panaut, por considerar que vulnera los derechos humanos de protección de datos personales y de acceso a la información pública.
Ley Zaldívar
Bajo el argumento de una “correcta y adecuada” implementación de la reforma judicial, la mayoría de Morena en ambas Cámaras del Congreso de la Unión adicionó un artículo Décimo Tercero Transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), con el cual se amplía dos años el mandato del actual Presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y de los actuales consejeros del CJF, contraviniendo expresamente el texto de los artículos 97 y 100 de la Carta Magna.
El citado artículo transitorio establece que la persona que a la entrada en vigor de la Reforma Judicial ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en dicho cargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Asimismo, el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Pleno de la SCJN el 1º de diciembre de 2016, concluirá su encargo el 30 de noviembre de 2023; el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Pleno de la SCJN el 24 de febrero de 2019, concluirá sus funciones el 23 de febrero de 2026; el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Ejecutivo Federal el 18 de noviembre de 2019, concluirá el 17 de noviembre de 2026; las Consejeras de la Judicatura Federal designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre de 2019, concluirán su encargo el 19 de noviembre de 2026; y el Consejero de la Judicatura Federal designado por el Pleno de la SCJN el 1º de diciembre de 2019, durará en funciones hasta el 30 de noviembre de 2026.
El Décimo Tercero transitorio de la Ley Orgánica del PJF viola directa y flagrantemente los artículos 97, 100 y el 133 de la Constitución Federal, expresó en un comunicado la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD) y es violatoria de los principios de división de poderes, seguridad jurídica e independencia del Poder Judicial, además de que pone en entredicho la credibilidad e independencia de la SCJN y del CJF. Por su parte, el Consejo General de la Abogacía también hizo un llamado a los ministros y ministras de la SCJN “para que, en su oportunidad, como guardianes de nuestra Ley Fundamental y del orden constitucional, declaren la inconstitucionalidad de este precepto normativo”.
“El Décimo Tercero transitorio de la Ley Orgánica del PJF viola directa y flagrantemente los artículos 97, 100 y el 133 de la Constitución Federal, expresó en un comunicado la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD) y es violatoria de los principios de división de poderes, seguridad jurídica e independencia del Poder Judicial.”
Reforma Administrativa (órganos autónomos)
A raíz de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de reiterar el fallo del INE que retiró las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, y terminar con la sobrerrepresentación de los plurinominales en la Cámara de Diputados, y de la decisión del INAI de impugnar el Panaut, el presidente AMLO intensificó la crítica contra los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA) y reiteró que prepara una reforma administrativa para prácticamente eliminarlos.
Por menciones en sus mañaneras, se pretende que las funciones de organismos autónomos regresen a las Secretarías de Estado relacionadas con sus materias. Con ello, argumenta, se ahorran miles de millones de pesos en instancias que no defienden a los ciudadanos (al pueblo), sino a grupos de interés, aseguró el presidente AMLO. También se refirió a las impugnaciones a las reformas; eléctrica, la energética y la creación del Panaut, “las tres no sólo han sido impugnadas por las empresas, sino por el Instituto de la Transparencia, por el Instituto de la Competitividad… Todos estos organismos autónomos que fueron creando durante el periodo neoliberal para defender a los grupos de intereses y creados para amparar a las minorías”, por lo que, aseveró, revisarán el funcionamiento de los órganos autónomos.
De igual forma, AMLO ha repetido en diferentes ocasiones que se debe hacer una reforma electoral, la cual si bien no debe desaparecer a los órganos electorales, debe sustituir a quienes se identifican con los conservadores.
Continuará…
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