El Juzgado Primero de Distrito, correspondiente al estado de Yucatán, exigió al gobierno federal acatar la orden judicial de parar los trabajos del Tren Maya en el tramo 5 Sur, y advirtió que servidores públicos corren el riesgo de ser sancionados con una pena de hasta nueve años de prisión en caso de no cumplir con la medida.

De acuerdo con el expediente 1003/2022 de amparo indirecto, se advierte que, hasta ahora, la autoridad no ha acatado la orden de suspensión. En un recorrido realizado la mañana de ayer, se pudieron observar trabajos en la estación Playa del Carmen.

La suspensión definitiva es sobre el tramo 5 Sur, que corre del acceso al relleno sanitario de Playa del Carmen a Tulum, justo donde se ubica la estación ferroviaria de la localidad, que tuvo su inauguración el pasado 29 de febrero.

“Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución, inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión (...) No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”, advirtió ayer el citado órgano jurisdiccional.

Los ambientalistas quejosos de este juicio de amparo ganaron la suspensión definitiva el pasado 22 de enero, luego de que el gobierno federal no acreditó la entrega de estudios de factibilidad tras la autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“En consecuencia de lo ya considerado, se reitera a las autoridades responsables que hasta la presente fecha no han acreditado que se han subsanado las condicionantes ya citadas y por ende, continúan suspendidos los trabajos de construcción y acondicionamiento en el tramo 5 Sur de la obra pública Tren Maya (...) que como se ha visto, no permiten tapar, rellenar u obstruir cenotes, cavernas”, agrega.

En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiental, el juzgado federal dio un plazo de 3 días para entregar un informe sobre revisiones relacionadas con el Tren Maya.

En tanto, notificó a los quejosos sobre el acuerdo publicado este martes 12 de marzo para que en caso de considerarlo interpongan un recurso de defecto en el cumplimiento de la suspensión, aportando las pruebas necesarias.