Deficiencias técnicas, incongruencias con la Ley de Asentamientos Humanos, Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, hasta la falta de diagnósticos y análisis de resiliencia y densificar zonas delicadas como Malecón Tajamar, son sólo algunos de los problemas del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Cancún recién aprobado, que detectó Adriana Martínez Molina, maestra en planeación urbana y regional por la UNAM.

En entrevista, la especialista señaló que el instrumento aprobado por unanimidad en la sesión de Cabildo del 15 de septiembre, violenta incluso los postulados a nivel federal, por ejemplo, en movilidad.

“Hay conceptos que incluso son contrarios a la política nacional. Si se ve la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial o  la Ley de Asentamientos Humanos, te dice que  primero es el peatón, después los sistemas no motorizados, después el transporte, le sigue el público y el de carga y si queda dinero se le mete al transporte privado”.

Indicó que el PDU actual no sólo repite los mismos vicios de la versión anterior, la de 2018 -la cual tiene amparos en su contra-, sino que hasta permite densificar zonas catalogadas de conservación.

“El documento antiguo y éste arrastran las mismas carencias, pero ahora están densificando Pok Ta Pok, la Lombardo Toledano y Tajamar, entonces tenemos las mismas carencias pero aumentadas. Lo importante es saber si esa idea de densificar esas zonas salió de las mesas de trabajo o quién las propuso”.

Además, detalló que el PDU recién aprobado tiene deficiencias técnicas metodológicas graves, como no considerar el  atlas de riesgos, no se utilizó la guía de resiliencia urbana -requisito indispensable para crear cualquier instrumento de planeación-, además de que carece de un diagnóstico de las problemáticas actuales del municipio.

La también miembro del Colegio de Urbanistas de Quintana Roo, destacó que más allá de lo que le falta a ese instrumento, la mayor queja y molestia de expertos, colegios, ciudadanos y hasta miembros del Comité de Desarrollo Urbano es que el documento que se mostró en las consultas ciudadanas y mesas de trabajo no corresponde al que se aprobó y publicó.

“Las consultas públicas son obligatorias por la ley, porque se tiene que plasmar las inquietudes y problemáticas sociales y ciudadanas, por lo que la autoridad no se puede librar de esa parte, entonces las hizo, pero fue ficticio, porque una cosa fue lo que enseñaron y otra lo que aprobaron. Es una simulación”.

Martínez Molina acotó que el PDU carece de algo fundamental: una definición clara de visión de la ciudad para los próximos años, que es lo que permite crear proyectos y destinar recursos para cumplir con dicho objetivo.

Debemos saber si se sigue siendo una comunidad turística o se cambia de modelo para adecuar los servicios a ello. Puntualizó que es un requisito fundamental y no está en este instrumento. “Cómo vas a planear algo si no sabes qué es o qué quieres que sea”.

“Pero dicha visión se construye con la gente, no la puede hacer una persona que está en un puesto o escritorio por un periodo de tiempo, sino debe ser una visión colectiva”, finalizó, para señalar que si bien el PDU puede ser impugnado, al final de cuentas los proyectos que soliciten permisos ambientales con Semarnat se ponen en riesgo.