Diputados quieren a los periodistas de Quintana Roo en la cárcel
El Congreso analiza criminalizar toda publicación periodística que se obtenga “sin consentimiento”. Activistas acusan que la reforma protegería a funcionarios.
Una nueva iniciativa del Congreso de Quintana Roo pone en riesgo el trabajo de los periodistas: mediante el argumento de la “vida privada”, propone criminalizar en el Código Penal toda publicación proveniente de información recabada “sin consentimiento”.
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado analizará este martes la propuesta de la diputada Iris Mora Vallejo, quien busca reformar el artículo 194 Bis y 194 Ter del Código Penal del Estado de Quintana Roo para endurecer las penas a quienes violen la intimidad personal o familiar con la difusión -con cualquier fin- de “comunicaciones de índole personal, profesional o confidencial, vinculadas a la vida privada”.
La propuesta de la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) busca agregar al artículo 194 Bis que “el responsable de violar la intimidad personal o familiar” deba pagar el total de la reparación del daño y perjuicios ocasionados.
Esto se sumaría a la pena de uno a tres años de prisión y a la multa que oscila entre los 200 y 300 días, para quien cometa “violación de intimidad personal o familiar”, que consiste en
- divulgar,
- compartir,
- distribuir,
- comercializar,
- publicar o
- amenazar con publicar información y/o comunicaciones de índole personal, profesional o confidencial, vinculadas con la vida privada de una persona,
sin la autorización expresa de la persona que sufre la afectación.
En el artículo 194 Ter del Código Penal del Estado de Quintana Roo, la legisladora propone aumentar una pena de tres años de prisión a quien, “sin consentimiento o autorización judicial y con el fin de violar la intimidad personal o familiar” utilice diversos medios, como apoderarse de documentos u objetos con información y reproducirlos; escuchar, observar o grabar una imagen fija o en movimiento o
“acceder a la información contenida en un aparato para el procesamiento de datos o cualquier dispositivo de almacenamiento de la información, sin autorización de su propietario o poseedor legítimo”.
Iniciativa de los diputados de Quintana Roo protegería a funcionarios corruptos
Fabiola Cortés Miranda, presidenta de la organización “Somos tus Ojos” estas modificaciones podrían representar un blindaje para funcionarios públicos que podrían escudarse en la invasión a la vida privada.
“Con la modificación de estos artículos, estaríamos hablando que todas esas filtraciones que muchos periodistas que recibimos, por la calidad de la profesión y que hacen muchas personas que tienen que ver con cuestiones personales, patrimoniales y familiares de servidores públicos, podríamos ser objeto de persecución criminal”.
Advirtió que además de las agresiones y los abusos que se han recrudecido contra el gremio, esta reforma criminalizaría más las labores del periodista.
Por su parte, Mora Vallejo aseguró que la intención y el objetivo de las propuestas que ha presentado en el Legislativo nunca ha sido
“para retroceder en los derechos humanos de las personas”.
En la exposición de motivos señaló que, debido a la pandemia de Covid-19, se incrementó el uso de medios tecnológicos para el intercambio de información, por lo que se debe garantizar el derecho a la intimidad.
Sin embargo, lo preocupante para algunas organizaciones es que se incluye a la lista los ámbitos “profesional o confidencial vinculadas con la vida de una persona que se realicen en su domicilio o en cualquier lugar dentro de un entorno privado o familiar”.
En el caso de funcionarios significa que lo público se limitaría únicamente a lo que realicen en las oficinas y actos públicos y no las acciones que se efectúen en privado.
Al final del gobierno de Roberto Borge Angulo, en 2016, un sin fin de actos de corrupción, como la aprobación de un paquete de impunidad, se efectuaron precisamente en actos privados lejos de la vista ciudadana.
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