El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, solicitó a los diputados locales un incremento del 88% al presupuesto anual del organismo, para lograr acciones contundentes en materia de procuración de justicia. Con dicho aumento, el presupuesto alcanzaría los 3 mil millones de pesos, luego de que el presupuesto actual es de mil 632 millones de pesos.

Durante su comparecencia ante la comisión de Justicia de la XVIII Legislatura, López Salazar citó que las últimas reformas realizadas a la Fiscalía para lograr la profesionalización de este instituto están rindiendo frutos, “pero aún falta mucho por hacer, y para esto necesitamos recursos”.

Declaró que una gran parte del presupuesto de la FGE se destina al pago de nómina, y únicamente el 2% es para la operatividad del organismo encargado de investigar y buscar el castigo a los delitos en Quintana Roo.

“Tenemos una deficiencia presupuestal fuerte. La delincuencia no repara en recursos. Tienen hasta para corromper. Independientemente de que no se fijan si tienen o no vales de gasolina, tienen armas sofisticadas, inteligencia y contrainteligencia y nosotros tenemos que ir más adelante. Considero que el presupuesto debe aumentar un 88%”, dijo.

De esa manera, señaló que se tendrá una fiscalía robusta y más eficiente, además de que será justo que el próximo año el Congreso le exija resultados basados en un presupuesto de mayor amplitud.

El funcionario declaró que en este año han logrado grandes avances en la procuración de justicia, detallando que  casi 9 de cada 10 detenidos en las carpetas de investigación que involucran delitos de alto impacto fueron vinculados a proceso.

“Esto se traduce en una mayor confianza de la ciudadanía. Y no lo dice un servidor, sino el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual puntualiza que la percepción de inseguridad en el estado ha disminuido en un 6%”, sentenció.

Aclaró que aunque el número podría parecer pequeño, representa por primera vez una tendencia en años a la alza en cuanto al respaldo de la población en el trabajo de la dependencia a su cargo.

Comentó que esto se traduce en que cada vez más ciudadanos tienen confianza y presentan denuncias correspondientes cuando son víctimas de un delito, porque tiene la certeza de que van a defender sus derechos.

En el marco de su Segundo Informe de Labores, el Fiscal General dijo que fue necesario el saneamiento de la Fiscalía, por lo que dieron de baja a 293 servidores públicos que se apartaron de la transformación que está viviendo la institución, y cambiaron de adscripción a 785 personas.

Destacó la detención de 51 objetivos prioritarios de los 100 que integraban el Atlas Delictivo, dedicados a la extorsión, narcomenudeo y homicidios, así como la detención de mil 839 personas por delitos de alto impacto, como homicidio, feminicidio, secuestro, violación, trata de personas y extorsión, entre otros.

En cuanto a ilícitos relacionados con la trata de personas, informó que iniciaron 158 carpetas de investigación, además de lograr el rescate de 385 víctimas de explotación laboral y sexual; así como la detención de 52 personas relacionadas con estos delitos.

En tanto, a través de acciones de inteligencia se consiguió la liberación de 28 víctimas de privación ilegal de la libertad y la captura de 61 presuntos secuestradores, de los que 98 por ciento fueron vinculados a proceso y han detenido a 101 extorsionadores, 89 de estos siguen su proceso en prisión.