Enrique Mena/SIPSE

Chetumal.- El proceso penal por desempeño irregular de la función pública en contra del exfuncionario del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Edberto Cahuich Rodríguez, fue diferido por más de un mes porque éste decidió negociar.

En la audiencia de etapa intermedia que inició ayer a la 1:15 de la tarde en la sala seis del Juzgado Oral Penal, la defensa legal del ex subdirector de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología en el periodo de quien fue presidente municipal, Eduardo Espinosa Abuxapqui, alegó que está dispuesto a realizar la reparación del daño a través de un trato con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

También te puede interesar: Homicida escapa del Hospital General de Chetumal

Los dos fiscales del Ministerio Público del Fuero Común así como el asesor jurídico por parte de las autoridades acusatorias afirmaron que no están en contra de que se pueda ir por la vía alterna y conciliatoria, para que se llegue a un acuerdo.

Ante la petición de la defensoría del imputado, el Juez de Control declaró un receso de cinco minutos para que ambas partes acuerden la forma en que se llevaría a cabo las negociaciones.

A la 1:40 de la tarde que reinició la audiencia, el Juez otorgó un diferimiento de la etapa intermedia por un lapso de 33 días naturales contados a partir de ayer, para que el próximo 22 de julio en punto de las 10:00 de la mañana se reanude.

El imputado y la Fiscalía exploran la reparación del daño

En todo este periodo de tiempo, la defensa legal de Edberto Cahuich Rodríguez, y la Fiscalía Anticorrupción, podrá negociar mediante propuestas y contrapropuestas sobre la reparación del daño al Ayuntamiento de Othón P. Blanco, sobre el delito por el cual se le acusa.

Al término de la diligencia oficial, el ex funcionario municipal se negó a dar alguna versión a los medios de comunicación.

En 2018, la Contraloría Municipal interpuso denuncias en contra de varios ex funcionarios municipales, en donde uno de los señalados fue Edberto Cahuich Rodríguez por un posible enriquecimiento ilícito por aproximadamente 500 mil pesos, al parecer producto de la venta irregular de licencias de funcionamiento y de chapeo.