El Juzgado Primero de Distrito, con sede en Mérida, concedió suspensión definitiva sobre los tramos tres, cuatro, cinco norte y seis del Tren Maya, que cruzan los estados de Yucatán y Quintana Roo.

Con esta medida cautelar, las empresas encargadas del megaproyecto federal no podrán realizar remoción de la vegetación forestal, en las áreas que se encuentren fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo.

De acuerdo con el fallo, el juez consideró que las autorizaciones provisionales emitidas previamente no suplen las autorizaciones que implican un estudio técnico y científico, por lo que, de llevarse a cabo, supondría un daño al medio ambiente.

“Al no emitirse, pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará, porque  permitiría el inicio de los trabajos sin conocer las repercusiones y daños que pueden ocasionarse con ella, en la inteligencia de que en muchas ocasiones los daños ambientales son irreparables”, se indicó.

Con esto, se ordena que durante el tiempo que dure el juicio, se suspenda o paralice cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden los tramos: 3 (Calkiní – Izamal), 4 (Izamal-Cancún) 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulum-Chetumal).

La medida cautelar parte de un amparo interpuesto en octubre de 2022 por organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), y comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sobre el megaproyecto del gobierno federal hay diversas acciones de carácter legal, que buscan ponerle freno por las posibles afectaciones al ecosistema, sin embargo, Gustavo Alanís Ortega, director de Cemda, recordó que pese a los fallos obtenidos a favor, estos no han sido acatados al 100%.

“Ya hubieron suspensiones que no se respetaron por parte de Fonatur y de los Contratistas, pero esto implica la comisión de un delito, de desacato, si esto sucede, se tendría que dar aviso al Ministerio Público (...) acá hay una orden muy clara del juez”, dijo.