El ayuntamiento de Solidaridad inició la defensa legal contra una apelación tramitada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que insiste en cobrar un crédito fiscal rezagado de hace casi una década por 180 millones de pesos.

Este jueves, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo publicó que el ayuntamiento se adhirió al recurso de revisión fiscal promovido por el SAT contra la sentencia que en agosto de 2024 ganó en la Sala Regional Caribe, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra el millonario cobro.

“Se le tiene por adherido a la presente revisión fiscal interpuesta por el Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Quintana Roo "2", en representación de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" y del Secretario de Hacienda y Crédito Público, contra la sentencia pronunciada”, se lee en el acuerdo del expediente 48/2024 de revisión fiscal.

El ayuntamiento se adhirió al proceso legal a través del titular de la Secretaría Jurídica y Consultiva, Guillermo Brahms, quien buscará hacer frente a la pretensión del SAT.

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  tramitó la revisión fiscal en segunda instancia, por lo que el ayuntamiento corre nuevamente el riesgo de pagar dicho monto, el cual equivale a alrededor del 4% de su presupuesto de ingresos 2025, que es de más de cuatro mil millones de pesos.

La controversia data de una incorrecta retención de impuestos federales sobre trabajadores municipales, que no se reportaron a la Federación durante el trienio municipal 2013-2016.

Al paso de los años, el SAT requirió el crédito. El ayuntamiento demandó la nulidad de solicitud de pago mediante un juicio de nulidad administrativa.

De acuerdo con lo expuesto en la sentencia 702-23-20-01-7 de juicio de nulidad administrativa, el SAT reclamó el pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La Sala Regional Caribe sentenció a la nulidad del requerimiento, pues argumentó que hubo vicios en las actuaciones administrativas del SAT, como cuando los verificadores buscaron intervenir los registros del ayuntamiento.