Playa del Carmen: ordenan establecer castigo a promoción de fraccionamientos sin permisos
Las autoridades partieron del ejemplo del condominio Adamar Solimán, en Tulum.
Un juez federal ordenó al Congreso de Quintana Roo especificar sanciones penales a uno de los delitos en materia de desarrollo urbano más comunes en Quintana Roo: publicitar desarrollos de fraccionamientos sin permisos.
La asociación Dmas presentó en febrero pasado la demanda de amparo indirecto contra la omisión legislativa que dejó sin pena un delito contemplado en el Código Penal de Quintana Roo en su artículo 268 fracción VII.
Las abogadas integrantes de la organización civil, partieron del ejemplo del condominio Adamar Solimán, en Tulum, el cual ha sido promocionado sin los permisos para su comercialización, pese a que no cuenta con anuencias de los tres órdenes de gobierno.
Actualmente, ese delito no se puede sancionar porque no existe la pena en el Código Penal local.
De acuerdo con la sentencia del expediente 680/2024 del Juzgado Noveno de Distrito, la protección constitucional fue solicitada contra: “La omisión parcial legislativa del artículo 269 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por no establecer sanción correspondiente al tipo penal descrito en la fracción VII, del artículo 268 del citado Código, por lo que éste último forma parte del proceso de creación de dicha norma reclamada”.
El 29 de noviembre el órgano jurisdiccional celebró la audiencia constitucional del juicio de garantías. Finalmente, el pasado lunes se emitió la sentencia.
“Legisle lo conducente y determine la sanción que corresponda por la comisión del delito previsto en la fracción VII, del artículo 268 del Código Penal del Estado de Quintana Roo (...) Iniciar el proceso legislativo para emitir el Decreto que adicione el citado Código Penal del Estado de Quintana Roo; lo que deberá realizar en el período de sesiones que se encuentre en curso o en el siguiente periodo ordinario, en el entendido que deberá respetar los plazos legales para el proceso legislativo contemplado”, se lee en la sentencia de amparo.
Es decir, el Congreso tendrá que cumplir con tal condicionante a más tardar el primer semestre del año próximo. Actualmente Dmas sigue una lucha legal contra diversas omisiones en la que han incurrido diversas autoridades en contra del derecho al medio ambiente sano.
La organización es recordada porque interpuso demandas de amparo contra el proyecto Tren Maya por la destrucción de cuevas y cenotes en el tramo 5.