El juzgado Tercero de Distrito con sede en Cancún envió a Chetumal el amparo 76/2022, interpuesto por organizaciones de la sociedad civil en contra de la convocatoria emitida por el Congreso del Estado para la elección del próximo titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).

De esta manera, será en la capital del estado donde se decida si procede o no el recurso legal, que obligaría a los legisladores a realizar un nuevo proceso; asimismo, organizaciones de la sociedad civil confían tener mejores resultados con el segundo amparo interpuesto en Othón P. Blanco por “Mayas sin Fronteras”.

“Viajé a Chetumal, pero no nos han dado ninguna información sobre la situación del amparo. No sabemos qué está pasando, pero si no tenemos respuesta por parte de la dependencia, va a pasar el tiempo y se va a consumar lo que viene pasando con los legisladores”, dijo Héctor Manuel Bonilla, presidente de Children Less Abuse (Chila).

Postulados a la Cdheqroo

Diversos organismos han advertido que en caso de que la convocatoria finalice y no se modifique el proceso de elección, la defensa de los derechos humanos en la entidad podría estar en riesgo por los antecedentes de los postulados a la Cdheqroo.

“Se nos hace extraño que de Cancún lo manden para allá (Chetumal), y pues llegamos allá, pero el amparo no había llegado. Vamos a reunirnos con los abogados para que nos digan cómo va el proceso”, agregó.

Sin embargo, recordó que el Congreso del Estado tiene hasta mañana 15 de febrero para emitir una resolución sobre el próximo titular de la Cdheqroo.

En dado caso que el juzgado determine la suspensión de la convocatoria, la designación podría revocarse, pero las organizaciones ven complicado este escenario, por lo que buscan detenerlo antes de esta fecha.

Entre los aspirantes que preocupan a la sociedad civil se encuentran los de la diputada con licencia Judith Rodríguez Villanueva, quien además presidió la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso y promovió las modificaciones de la ley.

Otro nombre que ha causado polémica es el de Laura Susana Martínez Cárdenas, suplente de la senadora Mayuli Martínez Simón, y a quien las colectivas feministas en el estado han señalado como antiderechos.

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