Si bien Quintana Roo tiene casi 3.5 policías por cada mil habitantes, una cifra superior a la media nacional de 2.8; los seis mil 362 elementos no alcanzan, por el arribo masivo de visitantes.

Sólo en 2021 la cifra de viajeros alcanzó 14.8 millones, aún con pandemia. El año antes de la crisis fueron 24.2 millones, concentrado principalmente en la Riviera Maya y Cancún.

Oswaldo Antonio Chávez Wiarco, especialista en temas de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, señaló que tomando la afluencia de la población flotante, Quintana Roo queda lejos de los estándares establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que señalan al menos 1.8 policías por cada mil habitantes.

“Esto ocasiona que no se den abasto en sus obligaciones dentro de sus funciones, pues no cuentan con el respaldo de más compañeros que los puedan auxiliar en su labor y a eso le sumamos que no tienen el respaldo institucional para actuar en las funciones que tienen (...) Por supuesto, que, al final de cuentas, esto repercute en la seguridad pública”.

La falta de cobertura policíaca efectiva -como la recomendada por la ONU- es un mal generalizado que hay en el país. Refirió que según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa nacional es 0.9 policías por cada mil habitantes, tomando en cuenta los esquemas de jornada laboral.

Para el entrevistado se trata de múltiples factores, pero uno de los más recientes que ha complicado la situación, es la política y estrategia del gobierno federal, que empezó por eliminar subsidios y concentrar todo el dinero a un par de corporaciones.

“Hay muchos factores que han ocasionado una falta de policías, tanto en Quintana Roo, como en todos los estados. Una de las causas más nuevas es la decisión de esta administración federal, y que repercute en los estados y municipios, que la mayoría del dinero destinado a seguridad pública y procuración de justicia, lo están desviando completamente para la Guardia Nacional y la Sedena, mientras que a las policías estatales y municipales las están dejando, prácticamente inoperantes”.

El especialista refirió que primero comenzó con una reducción presupuestal, para luego eliminar subsidios como Fortaseg y Subsemun -que eran para capacitar y fortalecer a las instituciones de seguridad pública-, para después desaparecer dichos fondos, con lo que se afectó la contratación de elementos policíacos, así como la adquisición de insumos para fortalecer a las instituciones.

A este factor, según Chávez Wiarco, se suma el desprestigio que arrastran las corporaciones policíacas y la falta de estímulos para el desempeño y crecimiento laboral, al no haber un servicio de carrera policial que garantice el desarrollo profesional de los elementos policíacos.