A partir de este viernes queda prohibido para notarios y funcionarios del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, avalar inmuebles donde se hayan realizado construcciones sin permisos de impacto ambiental.

La reforma a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente publicada para su entrada en vigor en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, prohíbe a los fedatarios avalar operaciones de inmuebles que no cuenten con estas autorizaciones: como hoteles, fraccionamientos, conjuntos habitantes, bancos de materiales, vialidades públicas, entre otros.

Asimismo, se prohíbe inscribir en el Registro Público estas propiedades, por lo que no se podrá realizar ningún acto de compraventa cuando no cuenten con el aval en materia ambiental.

Esta reforma fue aprobada a finales de agosto pasado por la anterior legislatura, aunque fue publicada más de un mes después para su entrada en vigor.

Contempla reformas y adiciones en los artículos 24, 37 bis y 45 bis, todos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo.

“El Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado no podrá inscribir título de propiedad alguno de fraccionamiento, conjunto urbano, (...) si no se cuenta con las autorizaciones expresas (...) Las personas titulares de las Notarías Públicas, no podrán dar fe ni intervenir en este tipo operaciones, a menos de que ante ellos se demuestre que se cuenta con las autorizaciones de impacto ambiental”, establece el artículo 45 bis, recientemente agregado.

Hasta ahora en la entidad estas operaciones no estaban reguladas, por lo que muchos particulares construían sin autorización ambiental y comenzaban a vender.

La comercialización de los inmuebles en estas condiciones no era un problema, porque los notarios y funcionarios del Registro Público no estaban obligados a solicitar estos documentos de permisos ambientales, por lo que la compraventa se concretaba sin ningún contratiempo mayor.

En la exposición de motivos, los legisladores dijeron que con esto buscan salvaguardar el acceso del derecho a un medio ambiente sano de las personas.

Esta reforma sólo aplica en puntos de jurisdicción estatal, por lo que las obras construidas en tramos costeros, donde tiene competencia la federación, continuarán en irregularidades, tal como se ha venido documentando en los últimos años.