Esmeralda Espinoza/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Por violar los derechos de información y participación ciudadana e incumplimiento con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Benito Juárez, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), interpuso una demanda en contra del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira) de Quintana Roo por autorizar el proyecto de construcción y operación del desarrollo Dragon Mart. 

 

Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos locales y nacionales y representantes de diversos sectores económicos de Quintana Roo, respaldaron la demanda interpuesta por el Cemda, de acuerdo a un comunicado del mismo órgano.

 

Entre el desglose de argumentos por los que el instituto interpuso la demanda, destaca que la solicitud de autorización del Dragon Mart no fue publicada el primer día hábil de agosto del 2012, sino hasta el 28 de agosto, es decir, un mes después de lo establecido en el Artículo 30 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo. 

 

Dicha ley especifica que mensualmente debe publicarse en el Periódico Oficial del gobierno, el listado de las solicitudes autorizadas, los informes preventivos y las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que se reciban para trámite, pero eso no fue respetado al tratarse del Dragon Mart.  

 

Además, el Inira no publicó el ingreso de la MIA, pese a que le solicitaron oficialmente el listado de los proyectos ingresados para evaluación en los meses de junio y julio, pero la lista fue entregada hasta el 3 de agosto con corte al 30 de julio, omitiendo que el proyecto ingresó el 31 de julio.

 

Gustavo Alanis Ortega, director general del Cemda, manifestó que la falta de transparencia y nula comunicación por parte del Inira provocó que no fuera posible participar en tiempo y forma en la consulta pública y emitir los comentarios correspondientes. 

 

Señaló que estas acciones violan la garantía de audiencia que otorga la Constitución, pues se transgredieron los derechos a la información y a la participación pública. 

 

La demanda explica que el Inira autorizó el proyecto con una superficie de desmonte del 35% y no de 25% como establece la política ambiental en el apartado de “Lineamientos para el Aprovechamiento del Territorio Municipal”, de la página 18 a 21 del POEL de Benito Juárez. 

 

Es decir, que les autorizaron como si el uso de suelo fuera comercial o recreativo, contrario a lo que establece el POEL, que respecto a las cualidades de la zona del proyecto el uso de suelo predominante para esa área es turístico, por lo que el criterio no aplica al proyecto y no debió de ser autorizado.

 

El perímetro del proyecto es de más de 120 hectáreas y se ubica a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, en la carretera a Playa del Carmen y contemplan la capacidad de más de tres mil espacios comerciales y con más de 20 mil metros cuadrados que funcionarán como bodegas. 

 

Incluye campos de desarrollo económico como la agroindustria, acuacultura, maquiladoras y desarrollo de energías alternativas. 

 

Otros de los factores que motivaron al Cemda a interponer la demanda es que la ejecución de este proyecto ocasionaría otros impactos ambientales como la construcción de más viviendas, extracción y descarga de agua, el aumento de la capacidad de carga del sitio, el aumento del tráfico vehicular, los derivados de la creciente oferta de servicios urbanos y el aumento de desechos de basura. 

 

"Por todos los argumentos anteriormente expuestos en la demanda presentada exigimos suspender la autorización otorgada, dado que esto evitará la afectación al medio ambiente que se causaría por la construcción y operación del proyecto Dragon Mart", finalizó Alanis.

 

Esta demanda se une a una lista de empresarios, políticos y académicos de distintos puntos del país que desde hace varios meses cuestionan la entrada del Dragon Mart en la entidad. 

 

Algunos lo llaman el devorador de venados y faisanes y hasta temen por la creación de un barrio chino similar al de algunas ciudades de Estados Unidos, mismo que podría suplantar la mano de obra mexicana, como ha declarado Luis Manzanero Villanueva, diputado local en Yucatán, quien considera que el estado vecino se verá afectado también en la disminución de las ventas que diariamente entran a este destino turístico.

 

Eugenio Clariond Rangel, presidente de la Cámara de Industria de la Transformación (Caintra), solicitó al gobierno federal detener el proyecto al considerar que afectará a los sectores ferretero, autopartes, muebles, agroindustrial, productos electrónicos y hardware, entre otros, esto según Notimex en su página web. 

 

A la lista se suman el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ya que de acuerdo a la delegada en Quintana Roo, Adriana Velázquez Morlet, los que dirigen el proyecto no se han acercado para hablar del mismo, pero que por ley está obligado a cubrir  el costo de una prospección arqueológica en el terreno, donde se pretende construir el mega complejo, ya que este es una condicionante no sólo para la obtención de la licencia de construcción, sino porque incluso están obligados a hacerlo en el propio POEL de Benito Juárez, para descartar la afectación de algún vestigio arqueológico que pudiera haber en la zona.