La Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo inició un proceso administrativo en contra del presidente municipal de José María Morelos, Erick Borges Yam, por permitir la organización de corridas de toros y peleas de gallos durante las fiestas de la primavera local.

Por su parte, los organizadores de estos eventos aglomerados en la “Confederación de Galleros del Estado de Quintana Roo”; retaron a la autoridad ambiental asegurando que no van a poder imputarles ninguna sanción económica, debido a que se encuentran bajo la protección de tres amparos diferentes.

Fue el fin de semana pasado que se llevó a cabo la Feria Primavera 2023 en José María Morelos, con la participación de 27 galleros que presentaron a sus mejores aves para pelear a muerte, siendo éste el mayor atractivo.

Esto a pesar de que la Ley estatal en tres artículos diferentes prohíbe este tipo de espectáculos por considerarlos maltrato animal.

También una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de junio del 2022 sentencia que por ningún motivo las entidades deben permitir este tipo de encuentros, aún y cuando se amparen bajo el supuesto de “Usos y costumbres”.

Multa contra presidente municipal llegaría a 500 mil pesos

Alonso Fernández Lemmen Meyer, procurador del Medio Ambiente en la entidad, señaló que hasta el momento tienen conocimiento de que el Ayuntamiento de José María Morelos no emitió ningún permiso o autorización para la realización de las peleas de gallos y toros durante los días pasados, sin embargo también incurrió en una violación a la ley al ser omiso en evitar que se lleven a cabo.

“Tenía el alcalde pleno conocimiento de que se llevarían a cabo peleas entre estos animales, pues tenían fecha y ubicación de la feria. Por este motivo también se haría acreedor a una sanción que incluso puede llegar a ser económica”.

Según la legislación local en la materia, los organizadores podrían hacerse acreedores a multas que van desde los 40 mil hasta los 300 mil pesos por haber llevado a cabo peleas de gallos, o en su caso penas de prisión desde los tres hasta los ocho meses.

Mientras que para el presidente municipal la multa podría rebasar los 500 mil pesos, aunque no establece penas corporales o la inhabilitación si se demuestra que sólo fue omiso y no promovió estas justas.