No se necesitan artes de pitoniso para atinar en la advertencia que el escribiente lanzó hace algunas semanas: los municipios cargarán al ciudadano todas las carencias presupuestales provenientes de la Federación, dejando al ciudadano no sólo con malos servicios públicos, sino con la responsabilidad de mantener gobiernos que no reducen en nada los excesos a los que sus responsables se han acostumbrado apenas asumieron sus cargos.
Solidaridad fue el primero en modificar sus tablas catastrales este sábado, pero con la “puerta abierta”, lo harán todos, la crítica generalizada, infieren, genera menor impacto, pero no serán los únicos gravámenes que sufrirán modificaciones, pues las licencias de funcionamiento, de construcción y hasta el cobro de saneamiento ambiental (aunque este no lo paguen los habitantes sino los visitantes) aprobado hace apenas dos años, tendrá ahora una extensión para el turismo que llegue vía cruceros, no sólo a los que se hospeden en hoteles.
 Y en términos generales no es incorrecto, la teoría y práctica de la administración pública establecen que los gobernados deben tributar para el sostenimiento del Estado y sus instituciones, para además recibir seguridad y servicios que posibiliten la vida armónica en un entorno social y con posibilidades de desarrollo; pero la distrofia entre teoría y práctica es evidente cuando no se recibe por lo que se paga, cuando el enriquecimiento del gobernante es la constante y los excesos norma común.
¿Cómo explicar, por ejemplo, que los municipios José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto han solicitado adelanto de participaciones para lograr sufragar los gastos del año 2019, cuando la presidenta del primero, Sofía Alcocer Alcocer, tenía un sueldo superior al del gobernador y del presidente de la República y luego del escándalo –y a iniciativa de sus regidores- se vio obligada a reducirlo, junto con el de los ediles; mientras que en el segundo ayuntamiento, José Esquivel Vargas, ha sido exhibido por su propia familia organizando bacanales en pleno palacio municipal?
Ciertamente, los recortes presupuestales federales obligan a todos los niveles de gobierno a instrumentar políticas compensatorias que permitan hacer frente a las responsabilidades, ¿pero a qué privilegios renuncian los “virreyes” municipales?
El presupuesto federal está estancado hasta ahora por negativa de los diputados de Morena de modificar el proyecto enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero además han anunciado que habrá unos 30 mil millones de pesos extras del Ramo 28 para estados y municipios, lo cual se conocerá con certeza el 20 del presente mes, cuando se apruebe el presupuesto, luego de lo cual vendrá la discusión estatal.
Hasta ahora, se ha estimado que el presupuesto estatal será, por lo menos, igual al del año pasado, pero con más cobros municipales (por cierto, falta conocer también los incrementos estatales); es decir, el ciudadano pagará más por lo mismo, y es aquí donde el reto surge para el Congreso de Quintana Roo, de erigirse en un verdadero contrapeso, pues a este órgano corresponde el análisis y aprobación –en su caso- de los recursos que los once ayuntamientos y el gobierno estatal ¿De qué manera se garantizará al ciudadano que lo que pague regresará en servicios y beneficios tangibles, repite el escribiente, tangibles?
La semana que inicia es crucial, el miércoles deberá haber presupuesto federal y antes de que concluya, el estatal. Es ahora donde se demuestra el interés por el ciudadano, el compromiso con los electores, la visión de futuro y la manera en que la cuarta transformación republicana –o el cambio prometido en lo local- beneficiarán a los quintanarroenses. Se ha cumplido el primer año del sexenio y viene la segunda mitad del gobierno estatal, la palabra la tienen ellos, porque claro es que en los municipios y sus “virreyes” no está la respuesta; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra, nos  leemos en la próxima.