La Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) clausuró basureros clandestinos localizados detrás del fraccionamiento Bali, denunciados por habitantes de la zona. Al lugar llegaban volquetes a tirar material de construcción  que posteriormente eran incinerados durante las noches. 

Así lo dio a conocer la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien explicó que se realizó un operativo conjunto con varias dependencias relacionadas, como la Coordinación Estatal de Protección Civil, los Bomberos, la policía de Tránsito y el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO).

Durante el operativo, se encontraron sitios donde llegan volquetes a tirar material de construcción, mismo que posteriormente es incinerado durante las noches, ocasionando un problema de salud para los vecinos que viven en los alrededores.

De acuerdo con los artículos 21, 101, 109, 112, inciso a, así como el 113 y 114 de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, la disposición ilegal de residuos en zonas no autorizadas se sanciona con multas de 10,000 a 40,000 UMAs, así como el decomiso de vehículos.

Además, aplican sanciones administrativas como la remediación y el veto de 5 a 10 años de los sitios no autorizados, en los que se abandonen y dispongan residuos cualquiera que sea su tipo o característica. 

Al detectarse estas irregularidades en los sitios detrás del fraccionamiento Bali, se determinó la clausura, pero las autoridades correspondientes también llevarán a cabo una investigación a fondo para dar con los presuntos responsables. Asimismo, se procederá a hacer las notificaciones a los propietarios de esos predios, quienes también tienen responsabilidad en este asunto.

Las medidas en materia ambiental indican que cuando hay un cambio ilegal de uso de suelo forestal, ya sea procediendo  al retiro, chapeo, desmonte, parcial o total de vegetación de estos terrenos sin autorización, por lo que amerita multas de hasta 30,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, así como el decomiso y aseguran de instrumentos, maquinaria o vehículos: de igual manera enfrentan sanciones penales ante la Fiscalía General de la República, esto con fundamento en los Artículos 28 fracción VII, IV, X, y XI de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; también se aplica el Artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.