Al Congreso de Quintana Roo ingresó una iniciativa para reformar el Código Penal e incrementar las penas por corrupción de menores, así como las acciones que serán consideradas como este delito.

De aprobarse los cambios, propuestos por la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, pasarán hasta cinco años de cárcel a quienes ejerzan violencia familiar o realicen actos íntimos frente a menores de edad.

La reforma establece cambios al Código Penal de entre cinco a once años de prisión, no sólo a quien obligue a menores a prostituirse y a trabajar, sino también quien realice exhibicionismo corporal frente a ellos con fines lascivos o sexuales. Así como si se comete violencia física en presencia de ellos.

Se añade además un artículo 191 Bis, que impone multas y hasta años de cárcel a los dueño, gerentes o administradores de industrias, talleres, que comercialicen sustancias tóxicas y que, por culpa o negligencia, permitan que menores de edad los utilicen para drogarse.

Esto significa que si el dueño de una ferretería, por ejemplo, permite que menores compren tiner o resistol con fines de drogarse, podrán ser acreedores de uno a cinco años de prisión.

Mientras que los dueños de negocios de venta de alcohol o incluso hasta los motorepartidores que provean este tipo de bebidas a adolescentes o niños, serán castigados con hasta 10 años de cárcel. 

En total son al menos 17 nuevas categorías en las que entra estos nuevos tipos de corrupción de menores de edad.

En caso de que el agresor, en cualquiera de estos casos, tenga una línea de parentesco con la víctima menor de edad, la pena se incrementará en hasta un 50%.

Esta iniciativa aún tiene que ser discutida en comisiones para determinar si se convertirá en ley, aprobándose por el pleno del Congreso de Quintana Roo, o si es modificada en alguno de sus artículos o de plano será rechazada por considerarla inviable.