El Congreso de Quintana Roo dio entrada a una reforma de ley que pretende otorgar a la ciudadanía la posibilidad de impugnar las consultas populares y sus resultados, una atribución hasta ahora reservada a los partidos políticos, organizaciones civiles y candidatos independientes.

Esta propuesta, presentada por el grupo legislativo del Partido Verde Ecologista de México, pretende añadir un punto al artículo 11 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Quintana Roo, para otorgarle a cualquier ciudadano la posibilidad de interponer un juicio de nulidad para hacer frente a cualquier irregularidad que considere se haya cometido en el procedimiento de consulta popular, referéndum y plebiscito.

“Es necesario otorgarle al ciudadano ordinario su derecho a un recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales competentes, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, aun cuando sean producto de una consulta popular”, dijo el diputado Guillermo Brahms González.

Dijo que el que no exista esta posibilidad jurídica en el Estado constituye una transgresión al sistema de participación ciudadana.

La posibilidad de impugnación aplicaría, por ejemplo, cuando se haya autorizado de manera indebida la celebración de una consulta popular; que los resultados sean indebidamente computados o validados; o que la consulta se hechos y premisas falsos, señala el documento.

“El ciudadano puede verse expuesto a que un ejercicio de consulta popular vincule a la autoridad a ejercer o no una facultad con determinado contenido que le coloque en un escenario de riesgo real o causación inminente de sufrir un daño perjuicio en su esfera jurídica, quedando únicamente a discreción de los partidos políticos y coaliciones el combate jurídico de las consecuencias del ejercicio participativo”, menciona la iniciativa.

La iniciativa detalla que el proceso a seguir para interponer un recurso de nulidad en contra de esta figura será el mismo que el utilizado por los partidos políticos.

En Quintana Roo ya se ha realizado una consulta popular, aunque limitada a cuatro municipios: Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres, para determinar la permanencia o no de la concesión para el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en dichas demarcaciones.

Artículo 11 actual.- Se encuentran legitimados para interponer los medios de impugnación previstos en esta Ley:

1. Los partidos políticos, por conducto de sus representantes legítimos;
2. Las coaliciones, por conducto de sus representantes autorizados;

III. La organización de ciudadanos o agrupaciones políticas;

1. Los ciudadanos y los candidatos que hayan sido registrados por un partido político o coalición
2. Los candidatos independientes