19 de Septiembre de 2018

Opinión QRoo

Un poder judicial moderno y sus retos para 2018

Hoy es una institución mucho más sólida, cercana, inclusiva, que actúa con pleno respeto.

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El Poder Judicial del Estado pese a haber renovado hace un par de meses la presidencia enfrenta una serie de reto derivados de reformas constitucionales que demandan nuevos recursos materiales y humanos, entre estos la implantación de la oralidad en todos los juicios mercantiles y civiles y un nuevo sistema de justicia laboral. No es cierto que la justicia “esté paralizada”, por el contrario, el poder Judicial ha estado avanzando de manera correcta en la impartición de justicia. 

Antonio León Ruiz, magistrado presidente, desde mucho antes de que fuera designado presidente trabajó de lleno en la aplicación de las reformas que se venían dando, y es por ello que podemos asegurar que para él no es nada nuevo los retos que aún tiene que enfrentar para tener un Poder Judicial moderno, transparente y sobre todo de resultados. Entre estos retos están los derivados de la reforma a la Justicia laboral, que modifica el panorama completo en esta materia y por el cual el Poder Judicial estatal tendrá adscritos juzgados laborales, lo que implica infraestructura, capital humano, y capacitación. 

Hoy vemos la labor del Poder Judicial como un servicio público de calidad dirigido al ciudadano impulsado en la búsqueda de otras formas de trabajo más eficientes, expeditas y con mayor participación de las partes.  En ello la introducción de la oralidad y la reforma procesal en su momento fueron el principal objetivo que implicaron reformas en la legislación  y por consiguiente, más tiempo. Aun así se hizo un avance sustancial. 

Otro reto que tienen los integrantes del pleno de la judicatura y que es demasiado importante es el hacer más ágil y cercana la justicia cotidiana; la creación de juzgados itinerantes permitirá acercar la justicia al interior del Estado y que cada ciudadano tenga pleno acceso a la justicia sin importar su ubicación. Además se suma la necesidad de consolidar los sistemas de justicia oral penal y familiar, así como avanzar en la modernización administrativa y hacer aún más eficiente el uso de los recursos públicos. En este último tema hemos visto el interés que existe por tener un poder judicial transparente y muestra de ello fue el reciente convenio firmado con el IDAIPQROO con el fin de transportar el manejo de los recursos.

Hoy el Poder Judicial es una institución mucho más sólida, cercana, inclusiva, que actúa con pleno respeto a los derechos humanos y que la oralidad ha sido y sigue siendo una vía de acceso a la justicia más eficiente y ágil. En la actualidad la sociedad demanda no solo una justicia pronta, sino una justicia sin distinción de clase social, religión, edad, sexo, capacidades, es decir sin discriminación alguna.

A lo largo de este año se han sentado las bases para juzgar con perspectiva y con inclusión, sin improvisaciones, donde se han invertido largas jornadas para capacitar al personal y poder servir a la ciudadanía de la manera en que esperan y exigen. Sin embargo, ahora viene un reto, no difícil pero si complicado para los integrantes del poder judicial del estado, me refiero a la entrada en vigor de la reforma laboral que representa cambios radicales en la regulación de las relaciones obrero patronales, por lo que un mal diseño que no atienda a los derechos de los trabajadores construye en forma silenciosa una revolución de los trabajadores.

Con la publicación del decreto de reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017 se crea un nuevo sistema de justicia laboral y se establecen bases para regular las relaciones de trabajo que tienden a eliminar los derechos colectivos e individuales del trabajo creados en el siglo pasado. El decreto, aprobado por el legislativo el año pasado, establece que las resoluciones producto de los conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales de las entidades federativas o del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito local y federal, respectivamente, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

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