Q. Roo: Desarrollos irregulares en la mira de fiscalía ambiental
Alertaron a quienes adquirirán un terreno sin permisos, ya que podrían enfrentarse a la imposibilidad de obtener licencias de construcción.
La Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Ambientales, la Fauna y el Desarrollo Urbano inició inspecciones de los desarrollos inmobiliarios que se están desarrollando en la Ruta de los Cenotes de Puerto Morelos para identificar que cuenten con permisos y licencias correspondientes que den una certeza jurídica.
Normando Bustos, titular de la Fiscalía Especializada, informó que está a la espera de que se entregue la información correspondiente por parte de los desarrolladores. Dichas inspecciones se dan como parte de las acciones en conjunto con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) y la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) quienes han clausurado asentamientos irregulares a lo largo de la Ruta de los Cenotes.
Tienen lla finalidad de establecer el tipo penal aplicable por Responsabilidad Penal Corporativa previsto para casos de actividades ilegales y dolosas que producen daño al ambiente por personas morales.
En su caso encaminar la investigación de directivos y administradores por posible comisión de delitos contra el ambiente y desarrollo urbano. Así como ordenar la suspensión de todas las obras y actividades de la empresa en la zona afectada de conformidad con la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, así como Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo.
Con estas acciones se busca garantizar que estos desarrollos puedan llegar a defraudar a quienes, con el afán de adquirir una propiedad, y por su desconocimiento lo puedan construir una vivienda, esto ante la falta de permisos, como los de fraccionamiento o condominio, lo que pone en riesgo la infraestructura y servicios esenciales para futuras construcciones.
Alertaron a quienes adquirirán un terreno sin estos permisos, los compradores podrían enfrentarse a la imposibilidad de obtener licencias de construcción, acceso a agua potable, drenaje, pavimentación y alumbrado público.