Qué está dejando el gobierno que está por salir

Lamentablemente solo estamos viendo todo lo negativo que está dejando el gobierno saliente, aunado a ello también el odio, la decepción y los traumas del presidente que ya se va, algo que pensamos no tiene por qué afectar al desarrollo de la paz y la tranquilidad que merecemos todos los mexicanos, porque finalmente el solo demostró ser un fracaso ya que su gobierno no logró más que el uno por ciento de crecimiento anual, por lo tanto se ha ganado que en lugar de que se llamara López Obrador, tendría que decirse que es Manuel, el ejemplo de un hombre que solo causó un fracaso total. 

El sexenio de AMLO será el más violento de la historia de México 

En total suman ya 184 mil 471 homicidios dolosos en lo que va de esta administración, cifra superior a las registradas en los sexenios anteriores, por lo que se puede pronosticar que en este tema, romperá record, ya que probablemente la cifra llegue a 200 mil, o más, al cierre del gobierno.

Además hay que recordar que esto no incluye a los periodistas asesinados, a los policías que han muerto en el cumplimiento de su deber, a los muchos candidatos, funcionarios públicos y autoridades de elección popular, como alcaldes, síndicos, regidores y diputados, que murieron durante el periodo de elecciones, y a saber si habrá muchos otros asesinatos que han quedado sin registro por alguna causa.

Q.E.P.D. todos los fallecidos a causa de la violencia que existe en el país. 

Concepto de jurisprudencia

Etimológicamente la palabra es un culturismo que proviene del latín jurisprudentia, que deriva de jus (que significa derecho) y prudentia (previsión o conocimiento), las que conjuntamente pueden entenderse como: la prudencia de lo justo. También se ha considerado que proviene de prudens, prudentes, que literalmente significa sabio, conocedor.

Prudentia es una contracción (hacer de dos palabras una) de providentia que, a su vez, se compone de pro, que significa “antes”, y video, “ver”; es decir, la providencia puede ser entendida como ver de antemano o anticipadamente. De ahí que sea válido afirmar que la jurisprudencia implica la prudentia y no la sapientia, en la medida que la prudencia es una virtud subjetiva que permite al ser humano conocer aquello que debe evitar; lo que, trasladado al derecho, puede entenderse como la virtud para distinguir entre lo justo y lo injusto.

Margadant estima que desde el principio del siglo II antes de Cristo empieza a desarrollarse la fuente más importante del derecho romano: la iurisprudentia. No se trata de una ‘jurisprudencia’ en el sentido moderno mexicano (tesis de los tribunales), ni tampoco de jurisprudence en el sentido moderno anglosajón (mezcla de una introducción general al derecho con la filosofía del derecho), sino de una serie de opiniones de jurisconsultos importantes sobre cuestiones jurídicas. También refiere Margadant que el término Iusprudentia o Iuris Scientia, en el derecho antiguo, designa el conocimiento de la técnica jurídica, en combinación con cierta habilidad en su aplicación.

Cicerón definió la prudencia como Rerum expetendarum fugiendarum scientia, es decir, es el arte que nos lleva a alcanzar unas cosas y huir de otras.

Desde el punto de vista gramatical, este vocablo proviene del latín iuris prudentia, que alude a la prudencia del derecho, de lo justo. También significa ciencia del derecho, teoría del orden jurídico positivo, conjunto de sentencias de los tribunales y doctrina que contienen, criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes, entre otros.

Entendida como ciencia del derecho, Ulpiano la definió como jurisprudentia est divinarum etque humanarum, rerum notitia, justi ataque injusti scientia, esto es, la jurisprudencia es conocimiento de las cosas divinas y humanas, y ciencia de lo justo y de lo injusto.

Según Rudolf Von Ihering, la jurisprudencia tiene un origen remoto, ya que, como ciencia del derecho o teoría del orden jurídico positivo, estaba en manos de pontífices romanos en la época que siguió a las XII Tablas (año 300 a. C.), ya que además de elaborar esa teoría del derecho, tenían el dominio de las fórmulas procesales e interpretaban el derecho, fijando su contenido y alcances.

Dentro de la evolución de la jurisprudencia, encontramos que en el año 304 a. C. Cneo Flavius, secretario de un sacerdote, dio a conocer las fórmulas procesales con la publicación de la legis actiones; después hacia 254 a. C., Tiberio Coruncanius comenzó a dar consultas públicas en materia jurídica; luego en 204 a. C., Sexto Elio Peto publicó su obra Tripertita, que era un tratado sistemático de derecho, en el que además interpretaba las XII Tablas, con lo que el derecho comenzaba a salir del control de los pontífices para insertarse en el conocimiento público; posteriormente, en la época de la República romana (510 a. C. a 27 d. C.) surgieron grandes jurisconsultos laicos como Quinto Mucio Escévola, Aquilio Galo y Servio Suplicio.

En el Manual del juicio de amparo de la Suprema Corte de Justicia de Nación se define a la jurisprudencia como el conjunto de normas o reglas con las que la autoridad jurisdiccional cuenta; deriva de la interpretación de determinadas prevenciones del derecho positivo que precisan el contenido que debe atribuirse y el alcance que debe darse a éstas y que, al ser reiteradas cierto número de veces en sentido uniforme, no contrariado, son obligatorias para quien deba decidir casos concretos regidos por aquellas prevenciones.

La jurisprudencia es una de las fuentes del derecho mediante la cual éste se actualiza e integra. Surge del trabajo intelectual que realizan los juzgadores autorizados para establecerla por medio de la interpretación de las leyes, con  la finalidad de resolver casos concretos, o bien al pronunciarse respecto de las cuestiones no previstas en ellas.

La jurisprudencia tiene un papel primordial en el funcionamiento del sistema jurídico mexicano, en tanto le da coherencia y uniformidad. Su consagración se encuentra en el párrafo octavo del artículo 94 de la Constitución Federal, que deja al legislador secundario la responsabilidad de fijar los términos de su obligatoriedad, así como los requisitos para su interrupción y modificación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación define a la jurisprudencia de la siguiente forma: “Cuando los ministros resuelven los casos que se someten a su consideración, ya sea en el Pleno o en las Salas, establecen criterios sobre la forma en que debe interpretarse la ley. Cuando existen cinco de estos criterios iguales y consecutivos se crea la jurisprudencia, misma que obliga a todos los órganos jurisdiccionales del país a aplicar la ley con ese criterio. Sin embargo, no sólo la Suprema Corte, sino también los Tribunales Colegiados y el Tribunal Electoral pueden establecer criterios de interpretación que son igualmente obligatorios para todos los jueces del país. Los principales casos en que puede crearse la jurisprudencia son cuando se resuelven los amparos en revisión o directos. La otra manera que existe para crear jurisprudencia es a través de la resolución de una Contradicción de Tesis. Ésta puede producirse entre dos Tribunales Colegiados de Circuito o entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia”.

Bolivia, el único país donde los jueces federales son elegidos por voto, ¿cómo le ha ido? 

Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), desde que estaban en campaña sostenían que el sistema judicial boliviano favorecía a los poderosos, por eso propusieron que los jueces se eligieran con voto popular.

El 28 de noviembre de 2019, la noticia fue ampliamente distribuida en Bolivia: el juez Rafael Alcón había otorgado prisión domiciliaria a Richard Choque Flores, un feminicida múltiple condenado a 30 años de prisión. 

Choque Flores fue condenado en 2013 por el asesinato de una joven. Después de 6 años, gracias a la decisión del juez Alcón, ya estaba en casa. No pasaron ni 2 años para que matara de nuevo: Choque Flores secuestró y asesinó a Lucy Ramírez, de 17 años, en mayo del 2021 y unos meses después, en agosto, hizo lo mismo con Iris Villca, de 15 años. 

El caso se convirtió en la bandera para señalar la corrupción del poder judicial de Bolivia, que, paradójicamente, se había reformado para evitar la corrupción pocos años antes, con la llegada de Evo Morales a la presidencia. Las investigaciones posteriores revelaron que liberar al feminicida era parte de los acuerdos de una red de corrupción en la que jueces intercambiaban favores y dinero a cambio de decisiones judiciales. La destitución del juez Alcón y otros jueces fue insuficiente para restaurar la confianza en el sistema judicial que el gobierno boliviano estructuró. 

La Reforma Judicial para elegir jueces en Bolivia. 

En 2011, Bolivia implementó una reforma judicial que buscaba transformar su sistema de justicia. Impulsada por el gobierno del entonces presidente Evo Morales, la reforma aspiraba a democratizar el acceso a la justicia, mejorar la transparencia y combatir la corrupción en el poder judicial. 

Uno de sus principales objetivos era permitir que la población tuviera un papel activo en la selección de sus jueces. La metodología no era otra que la elección popular. Los jueces para los tribunales superiores, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura debían representar los intereses del pueblo. La corrupción se abatiría, de acuerdo con el supuesto inicial.

Otro objetivo clave era fortalecer la independencia del poder judicial. Aunque la intención era reducir la influencia política en la selección de jueces, ahí comenzaron los problemas. Surgieron preocupaciones sobre la politización del proceso electoral y la posible injerencia del gobierno boliviano en la selección de candidatos. 

Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), desde que estaban en campaña, habían sostenido que el sistema judicial boliviano favorecía a los poderosos. “El sistema judicial en Bolivia está controlado por las élites que siempre han gobernado el país, favoreciendo a los poderosos y marginando a los pobres. Necesitamos un cambio radical para que la justicia sea accesible para todos los bolivianos”, declaró mientras promovía su reforma. 

Así fue la elección de jueces en Bolivia.

La implementación de la reforma judicial en Bolivia de 2011 marcó un hito. No existían antecedentes de una elección popular para jueces de los tribunales superiores. En algunos estados de Estados Unidos y en Suiza hay procesos para tribunales estatales y locales, pero en general los sistemas judiciales en el mundo prefieren la designación de jueces federales para mantener la independencia judicial y evitar la politización.

La primera fase del proceso en Bolivia fue la convocatoria pública para que los aspirantes presentaran sus candidaturas. La convocatoria fue abierta a todos los bolivianos que cumplieran con los requisitos de formación y experiencia profesional en el ámbito de las leyes.

Las candidaturas fueron evaluadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tenía la tarea de preseleccionar a los más idóneos. Aquí comenzaron las primeras críticas. La Asamblea era dominada por el MAS. Los críticos señalaron que el partido de gobierno influía y era una forma de mantener el poder, sobre el sistema judicial, al filtrar sólo a los perfiles afines.

Uno de los problemas adicionales fue la falta de información pública sobre los candidatos, lo que dificultó que los votantes tomaran decisiones informadas. De hecho, en la elección, que se hizo junto con las elecciones generales, la participación fue baja, pero lo que destacó fue la cantidad de votos nulos y en blanco hacia los jueces. Esto fue interpretado como muestra del descontento y la desconfianza del público en el proceso. Aproximadamente el 53.75% de los votos fueron nulos y el 12.9% se fueron en blanco.

Cómo le fue a Bolivia luego de que eligió jueces con voto popular.

El caso del feminicida beneficiado con prisión domiciliaria en Bolivia fue el más notorio, pero formaba parte de un conjunto donde se reveló una red compleja de casos de corrupción de jueces elegidos por el pueblo. En 2022, el Consejo de la Magistratura de Bolivia destituyó a 11 jueces y abrió procesos disciplinarios contra otros siete con acusaciones de corrupción y mal desempeño. La investigación reveló que al menos 135 personas condenadas fueron favorecidas ilegalmente con detención domiciliaria, incluyendo feminicidas y violadores.

Las destituciones no disminuyeron las críticas por la falta de independencia del sistema judicial boliviano. Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han emitido informes detallados que documentan cómo los jueces y fiscales en Bolivia enfrentan presiones políticas y amenazas de destitución si sus decisiones no alinean con los intereses del gobierno. Human Rights Watch señaló que casi el 50% de los jueces en Bolivia eran "temporales", lo que los hacía vulnerables a represalias y despidos arbitrarios.

De hecho, lo que más ha preocupado a Human Rights Watch es el uso indiscriminado del término “terrorista” con la finalidad de perseguir a los rivales políticos del Gobierno. Con un sistema judicial sometido, los gobernantes pueden usar el cargo indiscriminadamente:

La configuración de un poder judicial boliviano carente de independencia también ha tenido consecuencias económicas y hasta medioambientales. En la minería, por ejemplo, el proyecto en Tipuani, dejó varios cuestionamientos. Una empresa minera con conexiones políticas recibió permisos para operar sin cumplir adecuadamente con las regulaciones ambientales vigentes. Las autoridades judiciales, bajo presión política, fallaron a favor de la empresa, permitiendo que continuara sus operaciones a pesar de las evidencias de daño ambiental.

Este tipo de casos han afectado la reputación de Bolivia como destino de inversión. Esto se debe a que las empresas extranjeras se resisten a invertir en entornos donde las decisiones judiciales pueden ser influenciadas por intereses políticos. La percepción de corrupción y falta de transparencia judicial genera un clima de inseguridad jurídica, desincentivando la inversión a largo plazo.

El MAS y los simpatizantes de Evo Morales han defendido su reforma. Han argumentado que los numerosos casos de corrupción revelados son una prueba de que el sistema está funcionando y que se están tomando medidas para limpiar la corrupción. También han dicho que las críticas por la falta de independencia son parte de una campaña internacional para desacreditar y desestabilizar al gobierno, para que grupos internacionales tomen el control de los recursos naturales de Bolivia. 

Un informe del World Justice Project de 2022 revela que solo el 29% de los bolivianos creen que los funcionarios de alto rango serían responsabilizados por romper la ley. Es decir, la gran mayoría de las personas creen que con los jueces a modo, los tomadores de decisiones políticas gozan de impunidad. 

Beatriz Paredes da su punto de vista sobre lo que significa actuar con democracia

• Lo que está detrás de la preocupación es, si el mandato popular se va a utilizar para reproducir un régimen de partido de estado con pensamiento único, esa es la verdadera discusión del sistema político mexicano.

Esa es la verdadera discusión que subyace cómo construimos la democratización del país y si ésta va a ser una democratización plebiscitaria y cuál es el horizonte de los sistemas plebiscitarios cuando se tiene esta composición demográfica social.

¿Verdaderamente han ustedes discutido qué significa una democracia plebiscitaria en un país de 130 millones de mexicanos?

• Un gobierno que tiene una regresión autoritaria es el que pretende reproducir el modelo de partido hegemónico con un Poder Legislativo subordinado a una mayoría que sigue ciegamente las instrucciones del Poder Ejecutivo.

Nosotros venimos de una historia, de un régimen hegemónico y a ustedes, y a todos los demócratas de este país, le costó mucho trabajo transformarla, por eso tenemos el derecho de decirles: cuidado, no confundan la voluntad mayoritaria de quienes han votado el 2 de junio, no se trata de votar por una regresión autoritaria, aunque tenga una vocación de justicia social, se trata de seguir avanzando en la democratización de un nuevo esquema de participación, respetando el equilibrio entre los poderes y respetando la diversidad de México.

La UIF, el sexenio y Latinus (Carlos Loret de Mola)

El secretario de la Defensa se puede ir de vacaciones familiares con el presupuesto público, nadie lo molesta.

La UIF no ha investigado las cuentas de Mario Delgado a pesar del rey del huachicol. Tampoco las del gobernador tamaulipeco Américo Villarreal, mucho menos las del ex director de Aduanas, Ricardo Peralta. De hecho, la UIF ha estado pasmada ante los cuatro directores de Aduanas que el propio presidente López Obrador despidió porque impera la corrupción. Tampoco se investiga el dinero del narco en las campañas de Morena en Guerrero, ni a Félix Salgado Macedonio ni a su hija la gobernadora Evelyn, a pesar de que el líder criminal de la zona confesó que les daba recursos.

Olga Sánchez Cordero escondió un departamento en Estados Unidos y no pasó nada. Javier Jiménez Espriú hizo lo mismo. Las casas, terrenos y departamentos de Rocío Nahle no han merecido que le abran un expediente ni le congelen las cuentas. Tampoco por las 23 casas de Bartlett, sus 13 empresas ni los contratos a su hijo. Nada del edificio irregular de Luisa María Alcalde en la cotizada colonia Roma Sur. ¿Y las propiedades de Alfonso Durazo? Nadie se mete a revisar las cuentas de Epigmenio Ibarra a pesar de que no ha pagado los 150 millones que le dieron vía Bancomext, ni hay una investigación contra Jenaro Villamil porque compró unas antenas que no aparecen.

Ignacio Ovalle sigue trabajando en el gobierno a pesar del desfalco de 15 mil millones de pesos en Segalmex. ¿A Ana Guevara ya le hurgaron las cuentas después de tantos desvíos que le imputan deportistas de talla mundial? ¿Por qué no pasó nada con el fiscal Gertz después de todas las denuncias de Julio Scherer? ¿Por qué no pasó nada con Scherer después de todas las denuncias de Gertz? Tampoco contra Zaldívar a pesar de las grabaciones. ¿Y las multimillonarias transferencias en dólares del hermano de Santiago Nieto? Nadie ha explicado la riqueza de Adán Augusto ni de Monreal. Ni las empresas fantasma que usó el vocero Jesús Ramírez para desviar dinero en la campaña. Ni los diezmos que cobraba Delfina. El ex gobernador obradorista Jaime Bonilla acusa de narco a la gobernadora obradorista Marina del Pilar. Ella lo acusa a él de corrupto. ¿La UIF no va a aparecer? ¿Ni a revisar las cuentas de Cuauhtémoc Blanco, las de Rutilio Escandón con los contratos que otorgó al brazo derecho de su fallecida esposa (¡que era alto mando en el SAT!), los desvíos de Murat que acusa su ahora compañero Salomón Jara o los millones de Del Mazo en Andorra que tanto indignaban en Morena?

El secretario de la Defensa se puede ir de vacaciones familiares con el presupuesto público, nadie lo molesta. Al general Vallejo nadie le pide explicaciones de las empresas fantasma que usaron en la construcción del AIFA.

Y sobra decir: tampoco hay una investigación de la UIF contra ninguno de los hijos de López Obrador. Ni José Ramón, el de la Casa Gris. Ni Andy ni Bobby, los de El Clan que han traficado con influencias en Dos Bocas, el Tren Maya, Pemex y las medicinas. Tampoco contra sus primos Pedro y Osterlen Salazar Beltrán. ¿Por qué no le han congelado las cuentas a Amílcar Olán, su empresario favorito, su prestanombres vuelto millonario este sexenio? Hay grabaciones y contratos de sus corruptelas. Román Meyer y Daniel Asaf están embarrados en los negocios de los amigos de Andy y Bobby, pero no hay problema. Nadie explicó el dinero en efectivo que reciben clandestinamente en video los hermanos del presidente, Pío y Martín. Ellos decían que los sobres le llegarían a Andrés Manuel. Tampoco nada contra el que se los mandó: Manuel Velasco. Ni contra nadie del Partido Verde. Nadie molestó al secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, a pesar de que sale en video lavando cash en los bancos. Y claro, seguimos sin saber de qué vivió López Obrador los trece años que no reportó ingresos entre que fue jefe de Gobierno y presidente de México.

En cambio, según lo reportó la periodista Peniley Ramírez en su columna de Reforma, “la UIF abrió una nueva investigación, hasta ahora inédita, contra Carlos Loret, su esposa, Víctor Trujillo y dos empresas de Latinus”.

Gracias a quienes han expresado su solidaridad frente a esta bajeza. 

Carta dirigida a Martí Batres (Que horrible Himno) Carlos Alazraki 

Estimado Martí: Acabo de prender mi “chubi” para analizar y escuchar con mucha atención, el himno que mandaste hacer para nuestra ciudad.

Híjole Martí, no mam.., que himno, que letras y que melodía, son una verdadera basura.

Fíjate que cuando era activo yo en la publicidad, mis clientes me rechazaron un chorro de veces los demos de jingles que les presentábamos para que lo aprobasen.

Las razones por las que no les gustaban eran unas súper escusas, pero la más repetida era, ¿cuál crees?, “No me gusta”, y chin, a volver a sentarnos, con mis creativos y yo, y volver a empezar. No sabes la frustración que nos daba.

Y en relación a tu himno te diré lo siguiente: Si el grupo de compositores que escribieron tu himno, me hubieran presentado el demo de este himno, los hubiera mandado a patas de regreso a su casa.

¿Cómo es posible, que a una de las ciudades más fantásticas del mundo, le hayan escrito esos textos?

¿Cómo es posible, que una ciudad que tiene monumentos, avenidas, museos y un estilo de vida súper divertido, no lo hayan incluido en esos textos?

¿Me puedes explicar por favor, que significa guerrera mística, espejo lucido, cercado cósmico y precipicio horizontal?

O también ¿me puedes explicar que significa agua quemada y guerra florida?

O ¿qué quisieron decir con orden, orden, desbordado?

O ¿qué significa tuna de piedra?

Y mientras le doy otra jaladita a mi “chubis”, “uff”, me encuentro con esta joya magistral, “caos, caos, es tu armonía”.

Y lo más genial del himno, “orden, orden, orden, desbordado, serpiente emplumada en el segundo piso duplicada”.

¿Cómo que serpiente emplumada en el segundo piso duplicada?, ya estoy pacheco o qué, me pregunté, pero no, lo volví a leer y sí, eso decía.

Tan pasado estoy que ya no pude leer más, simplemente te puedo agregar que la música más de himno, parecía una música de una obra musical de Broadway.

Y que en lugar de presentarla con bombo y platillo, te deberías de disculpar con todos nosotros por tal basura.

Hacer un himno de nuestra ciudad, sin mencionar Reforma, Insurgentes, El Museo de Antropología y El de Arte Moderno, entre otros, nuestro Ángel de la Independencia, etc., etc., etc., simplemente para mí no es himno, más bien, para mí es otra de tus mamadas.

Y Martí una pregunta ¿para qué mandaste hacer un himno tan mediocre, si nosotros ya tenemos un himno muy fregón, o, ¿no me salgas que nunca has oído “Mi Ciudad”, del inolvidable Guadalupe Trigo?, ese es un himno, no una mam… como esta.

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El devenir de nuestra Constitución

Los profanos en las ciencias jurídicas de la Cuarta Transformación de la Nación, afirman, sin ser ello cierto, que “todo lo político es jurídico” y niegan que lo jurídico sea aquello inserto en nuestra Constitución Republicana. Este desconocimiento proviene de sus insanos deseos de crear un nuevo orden político que desconozca a nuestro Estado de Derecho y, para ello pretenden crear una nueva Carta Magna con pensamientos popularizados y politizados por ignorancia de todo aquello que sea del ámbito estrictamente jurídico.

En relación a lo antepuesto, ya lo dijo en el ayer Plauto: “mientras vamos en pos de lo incierto perdemos lo seguro”. Certa amittimus dum incerta petimus.

En contraposición del pensamiento expresado por Andrés Manuel López Obrador, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., por ser versada en el Derecho, sostiene de manera invariable, eficiente y tajante que las versiones callejeras del Primer Magistrado de la Nación desconocen que nuestra Carta de Carranza tiene vida eterna, por ello el saber de los de antes estipulaba aquello que solo los entendidos conocen como “El Constituyente Revolucionario”, en el que se sustenta la teoría de la permanencia de nuestro Pacto Federal en el devenir de nuestro México.

La política a secas del Poder Ejecutivo Federal actual, como se ha dicho, es de incultura supina, al igual, que la de muchos de sus aplaudidores, en esa política se pretende desconocer el reconocimiento de los derechos con los que contamos todos los mexicanos, los cuales son muy diferentes a “sus derechos políticos de crear un nuevo Pacto Federal”.

El presidente saliente debería de saber que su política tendría que abarcar toda la acción del Estado encaminándola sólo a aliviar y mejorar la situación y condiciones de la justicia de todos, introduciendo una constante aplicación de la ley y rectificando las consecuencias del neoliberalismo que se comprometió a efectuar durante su campaña electoral.

En un sentido más estricto habrá que asentar que su política solo dio continuidad a la corrupción, a la narco-política y, durante su fatal mandato se hizo sordo a las reclamaciones y exigencias de la abogacía independiente de la República, la cual siempre ha venido exigiendo un combate frontal a la corrupción que impera en algunos funcionarios del ámbito de procuración e impartición de justicia, incluyendo a agentes de ministerio público, fiscales, jueces, magistrados y algún ministro y/o ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C. 

Cuál sería el cómodo futuro de los hijos de AMLO en el sexenio de Sheinbaum, según Loret de Mola  (Por Miguel Flores) 

En el “cuarto de guerra” de Claudia Sheinbaum, se habría hablado, durante la campaña presidencial, de qué podrían hacer con el caso que representaban los tres hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quienes han sido involucrados en escándalos de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de interés, y evidenciados al hacer negocios y contratos con el gobierno de su padre.

Sobre el tema habla el periodista Carlos Loret de Mola este jueves en su columna Historias de reportero, titulada: El futuro de los hijos del presidente.

En ella, el periodista señala que los tres hijos mayores del mandatario representaban un galimatías, con el que Sheinbaum no quería cargar tan fácilmente. Más aún, cuando la corrupción de los hijos del presidente se volvió uno de los temas con los que Xóchitl Gálvez hizo “trastabillar” a Claudia Sheinbaum en los debates presidenciales.

Según el periodista, la solución habría llegado el 2 de junio, cuando con el triunfo de Morena en la Ciudad de México, se abrió una ventana para canalizar ese “galimatías”. Y es que Clara Brugada, nueva jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) recibiría endosados a los tres hijos del presidente, para que el llamado “Clan” se mantenga vivo, de entrada, cobijado en jugoso presupuesto de la capital del país.

Loret recuerda que él ha sido enfático en evidenciar la corrupción en el círculo más íntimo de López Obrador, por lo que el jefe del Ejecutivo federal, ha emprendido una venganza que empezó con una “metralla” de calumnias, que ha pasado por denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ahora va en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esto, con el propósito de intimidar y callar.

Loret de Mola señala que el pasado miércoles, en la conferencia de prensa mañanera, el mandatario, de nuevo lo atacó, calumnió e insultó. “Dijo que no es persecución a la libertad de expresión la que ha emprendido contra Latinus y sus periodistas con una investigación de la UIF”, apunta.

Dijo que, si no se investiga el dinero que recibieron en sobres amarillos clandestinamente los hermanos de AMLO, Pío y Martín López Obrador, pero sí se investiga a periodistas que lo revelaron, “eso es persecución”.

Continúa diciendo que si no se investiga al amigo íntimo de los hijos del presidente, Amílcar Olán, quien en grabaciones telefónicas confesó el tráfico de influencias y los miles de millones de pesos que recibe en contratos del gobierno, pero sí se investiga a los periodistas que lo revelaron, eso es persecución.

Señala que si no se investiga al hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, con su riqueza inexplicable y su mansión en Houston, pero sí a los periodistas que lo revelaron, es persecución. Además, apunta, si no se investiga a los hijos Andy y Bobby, quienes están involucrados en una evidente trama de tráfico de influencias documentada con grabaciones y contratos, pero sí se investiga a los periodistas que lo revelaron, eso es persecución.

Menciona también que si no se investiga a los primos de los hijos de AMLO, Pedro y Osterlen Salazar Beltrán, grabados en el mismo Clan, pero sí se investiga a los periodistas que revelaron los audios, es persecución. “Y así me puedo seguir. ¿Con eso quedará claro en Palacio o se seguirán haciendo como que respetan la libertad de expresión?”, concluye.

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Alto a la Reforma Judicial   

Como por todos resulta muy conocido existen saberes que se fundan en el conocimiento de uno, pero los hay también basados en el conocimiento ajeno. Hoy la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., se ve inclinada a aceptar la verdad que se deriva de la voluntad popular expresada mediante el voto que favoreció a Claudia Sheinbaum Pardo.

En esta ocasión nuestro saber y voluntad resultó eminentemente contrariado, más no por ello, se tiene que dejar de reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, quien resultó electa como la primera Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Nos atenemos entonces a la veracidad de ese resultado.

De no entenderse bien que fue lo que pasó, aún sin reprochar el hecho, tenemos que aceptarlo, sabiendo que como los demás que votaron por ella, nos asiste a los opositores el sagrado derecho a exigir como los demás, limpieza y justicia en el manejo de la procuración e impartición de la misma; en la elaboración de leyes y en que éstas respondan al beneficio que México requiere y no a los caprichos, ingeniosidades u ocurrencias de las autoridades. Sólo de esta manera tendremos una Nación justa.

El Derecho, en opinión del Ateneo de Estudios Jurídicos Penales del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, jamás debe de ser politizado, sino aplicado de manera irrestricta para combatir y sancionar la corrupción, que no solo impera en el ámbito de procuración e impartición de justicia, sino también ello deshonra a gobernantes actuales y pasados.

A la justicia y a la política la mancharon con antelación diversos gobernantes del neoliberalismo y de la Cuarta Transformación de la República; Claudia Sheinbaum Pardo, como Primera Magistrada de la Nación, no debe ni puede hacerse cómplice de ello; de esa situación de poder aberrante e injusto, ella en su calidad de Poder Ejecutivo Federal no debe de tolerarlo, de permitirlo, debe basada en la ley sancionarlo. Pero ello no se logra aplicando, atentando o persiguiendo al Poder Judicial Federal con unas reformas que dañarían la integridad de la Separación de Poderes, de la justicia, de los justiciables y de todos aquellos jueces, magistrados y ministros que por mérito propio alcanzaron sus nombramientos.

Claudia Sheinbaum Pardo, debe de reconsiderar la inútil reforma judicial propuesta por la terquedad de Andrés Manuel López Obrador, de lo contrario su gobernanza sería deleznable y daría continuidad a una insana política de desaparecer al Poder Judicial de la Federación.

No al voto popular, ni a la exigencia de tener órganos jurisdiccionales incompetentes y serviles, nuestros jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben de someterse a concursos de conocimientos, ello es el más óptimo sistema para tener servidores públicos dignos, doctos y eficientes.

Hay jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mucha valía, los cuales de siempre se han distinguido por su entrega a la justicia. Existen otros, los menos, corruptos e ignorantes, a ellos hay que investigarlos, sentenciarlos y encarcelarlos, pero no con esa pretendida reforma, sino con la aplicación del Código Penal Federal.

A diferencia de Andrés Manuel López Obrador, la abogacía independiente de la Nación espera que la futura Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, si actúe en beneficio de la justicia y de México.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.. 

Por qué el nombramiento de Buenrostro al frente de la SFP sellará un pacto de impunidad para AMLO y sus hijos, según Loret de Mola  (Por Miguel Flores) 

Con el reciente nombramiento de Raquel Buenrostro como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) el próximo sexenio, a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) garantiza que su sucesora no actuará contra sus hijos por los presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias en el que se han visto involucrados.

Así lo asegura el periodista Carlos Loret de Mola en su columna Historias de reportero de este viernes, titulada Claudia sella el pacto de impunidad con AMLO y sus hijos. En ella, el comunicador señala que Buenrostro es mencionada en las grabaciones telefónicas de El Clan, la red de tráfico de influencias encabezada por Andy y Bobby López Beltrán, hijos de López Obrador, como una de las funcionarias de alto nivel que facilitan los negocios de la familia presidencial.

El empresario tabasqueño, clave en esta trama, es Amílcar Olán, íntimo amigo de los hijos del mandatario, y quien se volvió multimillonario durante el sexenio de AMLO, señala el periodista. En una conversación con su papá, José Luis Olán Rodríguez, Amílcar dice que va a visitar a su oficina a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, para hablar de los contratos para que le compren balasto, piedra que se utiliza para colocar las vías del tren, y que ha sido un negocio de miles de millones de pesos.

“Me habló ya sabes quién. Que estuvo un amigo allá con Raquel Buenrostro. Y ya le dijo que ella estaba también ya tomando cartas en el asunto y que ella se iba a encargar también de comprar balasto. Y ya me dijeron: oye, vente para acá, el miércoles te espera la secretaria a las 12 del día”, se escuchó decir a Amílcar en la grabación presentada por el medio Latinus, donde colabora Loret de Mola, y revelada el pasado 22 de mayo en un reportaje.

El periodista dice que el empresario, que es “eje de la trama de corrupción del círculo más íntimo al Presidente de México”, reuniéndose con quien se encargará de combatir la corrupción el próximo sexenio, “es el crimen perfecto. Se van a salir con la suya”, acusa el periodista.

Recuerda que en grabaciones telefónicas, Amílcar Olán cuenta que los hijos del presidente le dieron este multimillonario negocio, y además, presume haber corrompido a mandos del Ejército para que le avaluen lotes de balasto que no cumple con los mínimos estándares de calidad. Además, se burla junto con los hijos de AMLO de que “ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pe…”.

Buenrostro es una pieza leal a AMLO, y su nombramiento como secretaría de la Función Pública es una señal grotesca de que el actual presidente no tiene nada de qué preocuparse en el siempre temido “año 7″: todos los escándalos de corrupción del gobierno actual serán procesados en el escritorio de una de sus colaboradoras más fieles y eficaces.

Además, con la llegada de Buenrostro como la “zarina anticorrupción”, es previsible, según Loret de Mola, que terminen diluidos los expedientes de Segalmex, Pío y Martinazo López Obrador, José Ramón y la casa gris, las casas de Rocío Nahle, las de Bartlett, los sobrecostos de Dos Bocas y el Tren Maya, y otros casos que se dieron en este sexenio. De todo ello, nada se investigará ni se perseguirá a los responsables.

“Con el nombramiento de Raquel Buenrostro al frente de la Secretaría de la Función Pública, Claudia Sheinbaum sella el pacto de impunidad con López Obrador y sus hijos”, concluye.

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