La transición a la utilización de materiales alternativos al plástico en Quintana Roo requiere mayor capacidad de vigilancia y un sistema de economía circular funcional, pues la ley por sí misma resulta insuficiente, aseguró el colectivo Quintana Roo Libre de Plásticos.

Alejandra Cornejo, líder de la iniciativa, apuntó que la implementación de políticas públicas para el desuso de plásticos en la región necesita de un sistema que fomente la reutilización de materiales y la vigilancia de las autoridades, dado que los efectos de la ley podrían ser todavía limitados.

La Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, que prohíbe los plásticos de un solo uso, entró en vigor en junio de 2019 y se dio un plazo de un año para la aplicación de esta medida. Seis meses en el caso de las islas, consideradas zonas de exclusión.

Sin embargo lo único que se ha notado es el cambio de materiales desechables a otros etiquetados como “biodegradables”, aunque no haya normatividad para evaluar si efectivamente se desintegran en un periodo corto en un ambiente como el de la región.

“La solución tendría que ir mucho más de raíz. Se sigue usando el plástico que tiene este proceso de oxibiodegradación, que finalmente no se degradan como se deberían de degradar, pues este tipo de plástico no funciona igual en todas condiciones. Además de que nos venden plástico biodegradable que no lo es”, apuntó.

La bióloga añadió que es necesario dotar de personal y presupuesto a la autoridad ambiental para dar seguimiento al cumplimiento de las normas, frente a un escenario donde se ha disparado el uso de plásticos para garantizar las medidas de salubridad por el coronavirus.

Afirmó que la decisión de las empresas por reciclar sus residuos resulta un buen avance, pero insuficiente si no hay las condiciones para que se realice toda la cadena de economía circular, dado que actualmente el vidrio, cartón o materiales alternativos al plástico no son de interés comercial para los recicladores.