Stephani Blanco/SIPSE
CANCÚN, Q.Roo.- Los consumidores cuentan, desde enero de 2011, con un poderoso instrumento que protege sus derechos de manera colectiva: las quejas grupales. Esta herramienta, debe de contar con más de 30 personas, todas con la misma problemática y está incluida en la Ley Federal de Protección al Consumidor como “acción grupal”, sin embargo no ha tenido mucha penetración en Quintana Roo.

Desde el 2011 sólo se ha presentado una queja en Cancún de este tipo: un grupo de consumidores iniciaron acciones legales ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en contra de una mueblería. Juan Humberto Novelo Zapata, jefe del departamento de Servicios de la Profeco, explicó que se inició un proceso legal el cual aún continúa. 

También, en Quintana Roo se han presentado quejas grupales en contra de una empresa del sector de telecomunicaciones, informó Novelo Zapata. 

Los que pueden interponer estas quejas son el procurador de la Profeco -en este caso Humberto Benítez Treviño-, que sería el representante común del grupo de consumidores y las asociaciones civiles siempre y cuando al presentar la queja resulten afectados la mayoría de ellos. 

Novelo Zapata indicó que para que pueda proceder legalmente la queja es importante que los afectados presenten ante la Procuraduría algún documento que legitime la acción, y que el daño sea directamente hacia el grupo que se acercó a la dependencia y con el mismo problema.

Es importante que el grupo considere que no se haya vencido el plazo legal para interponer la queja que es de un año. 

El entrevistado explicó que sí se ha difundido información para que las personas conozcan sobre este tipo de procedimiento, en específico cuando arrancó la modalidad que fue a principios del 2011. Actualmente, indicó Novelo Zapata, las personas pueden encontrar la información en la página de internet  www.profeco.gob.mx en la cual se da la información.  

Una vez iniciadas las acciones legales por parte de la Profeco contra la empresa o el proveedor, éstas pueden tardar hasta dos años, dependiendo del proceso legal, situación que se les informa a los consumidores cuando llegan a la dependencia, ya que deberán estar al pendiente de la resolución.