Hoteleros de Quintana Roo solicitaron al Congreso local una reforma similar a la presentada recientemente en la Ciudad de México, que limita las operaciones de Airbnb en los destinos turísticos.

“Al igual que en la CDMX, en Quintana Roo también estamos siendo afectados por este tipo de actividad que no sólo genera competencia desleal a las empresas que generan empleos formales, sino que también promueve la gentrificación de las viviendas para los trabajadores”,

refirió Gael Martínez Peña, de la Asociación de Hoteles y Prestadores de Servicios Turísticos en Bacalar.

La reforma a la que hacen referencia propone cambios en las leyes de Turismo y de Vivienda, prohibiendo ofertar mediante este tipo de plataformas digitales los inmuebles destinados a la vivienda social u otorgados a través de los programas sociales.

De acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Turismo, en Quintana Roo operan cerca de 50 mil unidades Airbnb, de las cuales 30% están ubicadas en fraccionamientos del tipo interés social, por lo que si se aprobara una iniciativa de este tipo, los dueños de estas casas de bajo costo ya no podrían darlas de alta para renta.

Tampoco aquellos que sean beneficiados de los nuevos programas de regularización y venta de tierras, que está llevando a cabo la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo.

La reforma establece además que las unidades Airbnb sólo podrán operar el 50% de los días del año. En caso de no hacerlo, no podrán registrarse nuevamente en el padrón de operadores de servicios turísticos y serán acreedores a sanciones económicas y hasta la clausura del lugar.

En el Caribe mexicano, de acuerdo con datos de consultoras de viajes como “ViTravel”, las unidades Airbnb más cotizadas en Cancún, Tulum y Playa del Carmen suelen estar ocupadas un 70% de las noches del año.

En la pasada XVII Legislatura, los diputados intentaron regular a las unidades Airbnb limitando los sitios donde podrían instalarse, prohibiendo las zonas conocidas como fraccionamientos populares o de alto riesgo. Sin embargo, esta propuesta dada a conocer por el entonces diputado de la Comisión de Turismo, Julián Ricalde Magaña, no prosperó.