Bajan quejas contra los policías en la Cdheqroo
En 2021 se registraron 134 casos menos que en 2020.
Prácticamente hay una mayor profesionalización de los policías municipales de Quintana Roo, porque los abusos y violaciones a los derechos humanos que cometen bajaron considerablemente el año pasado.
De acuerdo con el reporte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) el año pasado cerró con 201 quejas formalizadas ante esta instancia en contra de agentes policíacos municipales, por abusar de las personas durante la detención o procedimiento administrativo, de enero a diciembre.
Sin embargo, esa cifra es 40% menor a la que se tuvo en el año 2020, que fueron 335 quejas, lo que representa una variación de 134 acontecimientos menos.
Fue en marzo del año pasado en que se registraron 28 casos de abuso policial, la mayor cifra del año; en contraste, en noviembre apenas hubo nueve, que fue la menor estadística.
Adicionalmente, los directores de las cárceles municipales de Quintana Roo no se salvaron de que los acusaran por mal trato, ya que hubo siete procedimientos que dio seguimiento la Comisión local; tampoco los directores de Seguridad Pública y Tránsito, porque hubo ocho quejas.
Se trata de violaciones a los derechos humanos, al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; al derecho a la igualdad y trato digno; al derecho a la integridad y seguridad personal. Es decir, que al momento en que el agente policíaco municipal tuvo interacción con alguna persona, se sobrepasó en el uso de la fuerza.
Caso de Victoria Salazar en Tulum
Uno de los casos que más llamó la atención de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo fue el que ocurrió en Tulum, cuando policías municipales detuvieron a una mujer, misma que falleció en el lugar de los hechos, luego de que se utilizó por demás la fuerza policial.
Es por lo anterior, que la Comisión ha insistido en que, para garantizar el respeto de los derechos humanos, se debe promover la cultura de la denuncia, para que se castigue todo acto que cometan los servidores públicos que atente contra las personas.
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