Enrique Mena/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Quintana Roo se encuentra dentro de los siete estados a nivel país que más ha fortalecido la denuncia de actos de corrupción por parte de servidores públicos del régimen estatal lo que ha fortalecido la lucha contra este delito.

De acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Quintana Roo en 2018 hubo 51 servidores públicos sancionados, de los cuales 30 fueron principalmente por negligencias en procedimientos administrativas.

En tanto que 21fueron implicados en alguna carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), casos llevados por la autoridad ministerial y con la sanción debida, cifra que llevó a Quintana Roo a estar entre los siete estados con mayor cifra en el rubro.

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Según las estadísticas oficiales Oaxaca fue el primero con 59 servidores públicos implicados en denuncias; le sigue Jalisco con 58; Ciudad de México, 54; Chihuahua, 52; Chiapas, 37 y Zacatecas con 35.

Rosaura Villanueva Arzápalo, Fiscal Especializada en Combate de la Corrupción (FECC) explicó que se ha posicionado la cultura de denuncia y esto ha llevado a la entidad a estar entre los primeros a nivel país en la materia.

Resaltó que contar con denuncias ciudadanas en contra de servidores públicos que desempeñan de manera irregular sus funciones, permite sancionarlos de manera administrativa y en el mejor de los escenarios de forma penal.

“Desde que asumimos el cargo en el año 2017 nos hemos dado a la tarea a combatir la corrupción en los entes públicos, la denuncia por supuesto que ayuda a sancionar ya sea de forma oficiosa o por la misma ciudadanía y seguiremos con la promoción de esta cultura”, dijo Rosaura Villanueva Arzápalo.

Recordó que el caso más fuerte que tiene la entidad es contra el exgobernador, Roberto Borge Angulo, por la afectación a las finanzas del estado.

En este tenor, resaltó que hoy se lleva a cabo la audiencia en el Juzgado de Chetumal, mediante videoconferencia, donde se pretende vincularlo a otro delito, para que responda a esas afectaciones a través de actos de corrupción cometidos durante su administración.